6 abril 2012. Las Mujeres del Mundo Gestoras por la Paz han pedido en carta al presidente Santos que, tras las liberaciones de prisioneros por parte de las FARC, cumpla su compromiso de autorizar las visitas a las cárceles para verificar las condiciones en que se encuentran los presos políticos y de guerra.

28 marzo 2012. Durante el último Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se realizó en Ginebra del 27 de febrero al 23 de marzo, se presentaron varios informes sobre la grave situación de DDHH que atraviesa Colombia. "Consideramos que la UE no valora en su justa medida las graves violaciones de derechos humanos en Colombia y continúa dando por buenos los anuncios de cambio de políticas y de compromiso por parte del ejecutivo colombiano, mientras que la crisis humanitaria allí continúa sin que se perciban elementos de mejoría", declara Vincent Vallies, portavoz de la Oidhaco. 

16 marzo 2012. Las redes europeas OIDHACO y Grupo Sur lamentan en un comunicado el acuerdo político adoptado por parte del Consejo Europeo, de dar vía libre a la aplicación provisional del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la UE - Perú y Colombia, antes de que los parlamentos nacionales de los 27 países que componen la UE hayan dado su aprobación.

12 marzo 2012. Premios Nobel, altos cargos de la ONU, periodistas, escritores o sociólogos están entre las personalidades que acaban de firmar un llamamiento para que el gobierno de Colombia "y por extensión, el de Estados Unidos", "escuchen al pueblo colombiano, y se acepte la propuesta de la insurgencia para buscar una solución política negociada al conflicto".  Los firmantes advierten que el conflicto colombiano concierne ya a la región y al continente, que la población civil es su primera víctima y que en los intentos de diálogo que ya se han realizado,"los sucesivos gobiernos han utilizado pretextos para romper y no avanzar en la búsqueda de una paz con dignidad" mientras que crecen las movilizaciones que exigen una salida política que lleve a una paz con justicia social.

8 marzo 2012. Justicia por Colombia, junto a otras organizaciones sociales del Estado español, ha enviado una carta a la multinacional ENDESA para que paralice la desviación del río Magdalena, prevista dentro de su proyecto de construcción de una central hidroeléctrica en el departamento colombiano del Huila. Las organizaciones firmantes rechazan la represión ejercida contra la libertad de expresión y manifestación de las comunidades que se oponen al proyecto, advierten de los graves daños socioambientales y económicos que generaría la represa y piden al gobierno que cumpla con su promesa de revisar si se han cumplido las normativas y licencias ambientales.

6 de marzo en Madrid. Acto por las víctimas de crímenes de Estado en Colombia. En la imagen, el poeta Marcos Ana y Enrique Santiago, representante de Justicia por Colombia.

5 marzo 2012.- En medio del incremento de agresiones contra las organizaciones y defensores de DDHH que representan a las víctimas en el proceso de restitución de tierras en Colombia, este 6 de marzo el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) realizará movilizaciones para exigir protección, respeto, y restitución integral de tierras para las personas desplazadas por causa de la violencia de los grupos paramilitares, las guerrillas y el ejército en Colombia. La semana pasada organizaciones de Derechos Humanos y el MOVICE recibieron varias amenazas. Una de ella expresaba claramente "dejen de joder con el tema de reparación de tierras porque todo el que haga esta gestión va a ser asesinado por nosotros" . Oidhaco respalda a las víctimas y a las organizaciones que las representan, y pide al gobierno colombiano, en un comunicado, que respalde públicamente a la víctimas y a la UE que pida a Bogotá medidas urgentes para su protección porque "por un lado hay un discurso de buenas intenciones y por otro, un olvido total de las obligaciones como Estado":

1 marzo 2012.- La plataforma Justicia por Colombia ha participado en la audiencia pública del Comité de Comercio Exterior del Parlamento Europeo en la que se debatió el tratado de libre comercio (TLC) de la UE con Colombia y Perú, que está en proceso de ratificación. Justicia por Colombia lamentó que la UE, en su búsqueda de nuevos mercados, esté dispuesta a que empeoren las condiciones de vida, los conflictos armados y la situación de derechos humanos en Colombia y Perú. La plataforma ha hecho público el siguiente comunicado: 

1 marzo 2012.- La Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Movimiento Nacional de Víctimas de Estado (MOVICE), sindicalistas y personalidades políticas han recibido amenazas de muerte en el marco de la movilización de marzo 6 de 2012, El despojo de tierras: otro crimen de Estado.
En un comunicado, CCAJAR y MOVICE exigen al Estado Colombiano que tome medidas inmediatas para garantizar la vida y la integridad de sus integrantes, y de las demás organizaciones y personas nombradas en esta amenaza, y que se garantice la seguridad de todas las personas que participen en las actividades del 6 de marzo antes, durante y después de la movilización. Asímismo, se exige a la Fiscalía y la rama judicial que investigue los hechos y condene a sus responsables.

21 febrero 2012.- Todos los partidos con representación en las Cortes Valencianas, con excepción del PP, han firmado un comunicado de apoyo a la defensa de los derechos humanos en Colombia. En dicho comunicado, que ha sido enviado a las autoridades españolas y colombianas, se solicita al gobierno colombiano que actúe para acabar con las violaciones a los derechos humanos y para lograr una solución dialogada al conflicto social y armado; que investigue las violaciones contra los defensores/as de derechos humanos y establezca las condenas y reparaciones a que haya lugar; que se garantice que todos los procesos por violaciones de derechos humanos en los que estén implicados miembros de la fuerza pública se juzguen ante la justicia penal ordinaria, y que el presidente y los altos cargos del gobierno reconozcan con amplia repercusión pública la legitimidad e importancia del trabajo de los y las defensoras de derechos humanos.