1 marzo 2012.- La plataforma Justicia por Colombia ha participado en la audiencia pública del Comité de Comercio Exterior del Parlamento Europeo en la que se debatió el tratado de libre comercio (TLC) de la UE con Colombia y Perú, que está en proceso de ratificación. Justicia por Colombia lamentó que la UE, en su búsqueda de nuevos mercados, esté dispuesta a que empeoren las condiciones de vida, los conflictos armados y la situación de derechos humanos en Colombia y Perú. La plataforma ha hecho público el siguiente comunicado: 

Denuncian ante el Parlamento Europeo que el tratado comercial UE-Colombia y Perú incrementará los conflictos violentos

Con ocasión de la audiencia del Comité de Comercio Exterior del Parlamento Europeo, ayer en Bruselas, la plataforma "Justicia por Colombia" señala que persisten graves violaciones a los Derechos Humanos.

La plataforma "Justicia por Colombia" -integrada por CEAR, Comité Oscar Romero, Ecologistas en Acción, IEPALA, Mundubat, Paz con Dignidad, Paz y Solidaridad- ha participado ayer en la audiencia pública del Comité de Comercio Exterior del Parlamento Europeo en la que se debatió el tratado de libre comercio (TLC) de la UE con Colombia y Perú, que está en proceso de ratificación. El reparto de los tiempos de intervención ha sido injusto porque se dio mucho más tiempo a los partidarios del acuerdo mientras ONG y sindicatos estuvieron en clara desventaja.

Entre las afirmaciones engañosas que se han escuchado en la audiencia, destaca la declaración del comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, quien auguró un crecimiento del 1,3 % del PIB colombiano y de un 0,7 % del peruano. Este cálculo, de por sí muy cuestionable, se hace para un periodo de 10 años, por lo que la aportación al PIB anual sería de 0,13% y 0,07% respectivamente, y que no beneficiaría al conjunto de la población sino únicamente a las empresas multinacionales.

Con la intervención de la patronal europea BusinessEurope quedó evidenciado que la UE busca con el acuerdo comercial "salir de la crisis" exportando más, y ganar ventajas competitivas frente a China y los EE.UU. a costa del empeoramiento de las condiciones de vida de la población colombiana y peruana. En el caso peruano, se desplazarían por el efecto de sustitución por importaciones europeas por ejemplo gran parte de las microempresas que dan empleo a más de cien mil trabajadores. El acuerdo supondría desgravaciones arancelarias que deriva en la disminución en el PIB y de ingresos tributarios del Estado para los gastos sociales. Además, el TLC no garantiza la protección de los derechos laborales, sino ayuda a destruir los sindicatos y a flexibilizar las relaciones laborales.

"Con el objetivo de abrir nuevos mercados, la UE está dispuesta a legitimar las violaciones a los derechos humanos, económicos y sociales, creando más pobreza y desigualdades", opina la plataforma "Justicia por Colombia".

La Comisión Europea no es nada creíble cuando dice que la UE "podrá aplicar unilateralmente la cláusula que permite la suspensión del tratado en caso de graves vulneraciones de las libertades fundamentales o las leyes laborales o medioambientales", porque se ha negado sistemáticamente a investigar los crímenes en Colombia, en los peores momentos de asesinatos de defensores de DDHH y sindicalistas, y nunca suspendió el Sistema General de Preferencias Arancelarias (SGPplus) con una cláusula similar cuando se cometieron miles de graves crímenes de lesa humanidad, tanto en Perú como en Colombia.

La plataforma "Justicia por Colombia" enfatiza que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos señala en su informe anual, presentado el lunes pasado, que "hay demasiadas violaciones a los Derechos Humanos por parte de los diferentes organismos del Estado" y que el conflicto armado colombiano sigue teniendo "graves consecuencias humanitarias, como desplazamientos forzados e incidentes por minas antipersonales". Persiste -según la ONU- "la práctica de ejecuciones extrajudiciales" por parte del ejército y siguen ocurriendo numerosos casos de "falsos positivos", como se conoce en Colombia al asesinato de civiles por militares para presentarlos como guerrilleros muertos en combate, así como "actividades ilegales" como hostigamiento por parte de organismos de inteligencia, sobre todo contra defensores de derechos humanos y periodistas.

En cuanto a la nueva ley de reparación a las víctimas de la violencia y de devolución de tierras a campesinos despojados, la plataforma "Justicia por Colombia" aclara que desde la llegada al poder del actual presidente colombiano, Juan Manuel Santos, han sido asesinados decenas de reclamantes de tierras . Por otra parte, Colombia sigue siendo el país "más peligroso" para sindicalistas, con 20 homicidios de sindicalistas en el 2011.

En relación a la destrucción ambiental que empresas de la UE han causado en Colombia y Perú, el acuerdo no establece ninguna mejora, sino retrocede al incluir estándares menores a los existentes en el marco del Sistema General de Preferencias Arancelarias (SGPplus) vigente entre Colombia, Perú y la UE. La Evaluación de Impacto sobre la Sostenibilidad del Comercio entre la UE y los países andinos que encargó la Comisión Europea en 2009, resalta que la intensificación de las actividades agrícolas y extractivas por el TLC, aumentarán las condiciones de pobreza en dichos países y serán una fuerte competencia con las formas tradicionales de cultivo, mucho más sostenibles.

Las empresas de la UE buscan con el acuerdo comercial aumentar la importación de agrocombustibles y la extracción de materias primas en Colombia y Perú, al menor costo posible, lo que incrementará los conflictos armados, políticos, así como socio-ambientales. En Colombia, por ejemplo, casi el 40% del territorio tiene solicitudes para la minería a gran escala.

La plataforma "Justicia por Colombia" subraya que el crecimiento de las exportaciones del sector primario y la mayor expansión de la minería y la explotación de hidrocarburos en la región andina aumentará los impactos sociales y ambientales negativos. Se está agravando la contaminación del agua para consumo humano por las industrias extractivas lo que viola el derecho al agua, se han registrado procesos de deforestación, ampliación de la frontera agrícola, erosión de suelo y la explotación ilegal de bosques, en unos de los territorios con mayor biodiversidad del planeta. Pero además se contribuye gravemente al cambio climático en una región que, según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, es particularmente vulnerable a sus efectos.

Asimismo, se han registrado graves hechos de represión violenta y criminalización de la protesta social por parte de la policía y el ejército, y se está vulnerando el derecho a la consulta previa libre e informada de las comunidades indígenas y negras, como expone la plataforma "Justicia por Colombia".