8 marzo 2012. Justicia por Colombia, junto a otras organizaciones sociales del Estado español, ha enviado una carta a la multinacional ENDESA para que paralice la desviación del río Magdalena, prevista dentro de su proyecto de construcción de una central hidroeléctrica en el departamento colombiano del Huila. Las organizaciones firmantes rechazan la represión ejercida contra la libertad de expresión y manifestación de las comunidades que se oponen al proyecto, advierten de los graves daños socioambientales y económicos que generaría la represa y piden al gobierno que cumpla con su promesa de revisar si se han cumplido las normativas y licencias ambientales.La siguiente es la carta enviada a ENDESA, con copia al presidente de Colombia Juan Manuel Santos

Madrid, 6 de marzo de 2012
Estimados Sres.,

Por medio de la presente, queremos expresarle nuestra gran preocupación por la grave situación humanitaria en que se encuentran las comunidades campesinas y de pescadore afectadas por el proyecto hidroeléctrico "El Quimbo" en el Departamento del Huila (Colombia).

Las organizaciones abajo firmantes estamos sumamente preocupadas, porque el gobierno colombiano ha reprimido violentamente a las comunidades campesinas y de pescadores artesanales que se oponen pacíficamente a la construcción de la hidroeléctrica "El Quimbo" de la empresa EMGESA (filial de ENDESA-ENEL) porque el proyecto destruirá sus medios de vida y fuentes de empleo. Por varios años, hemos estado atentos al desarrollo del proyecto y hemos sido testigos de la diversidad de acciones legales que las comunidades han adelantado para ser escuchadas por el Estado colombiano, y por tanto rechazamos el uso de la fuerza pública para reprimir una manifestación pacífica, que dejó como saldo
varios heridos, entre ellos niños, ancianos y una persona que perdió su ojo derecho durante los pasados 14 y 15 de febrero de 2012. A pesar de que el pasado 17 de enero el gobierno colombiano acordó con las comunidades afectadas convocar una audiencia pública con el fin de revisar si la empresa EMGESA ha cumplido con la licencia ambiental, hasta el momento el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible colombiano no ha cumplido con su promesa.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA- mediante Resolución 123/2011 levantó las sanciones impuestas por resolución 1096 a EMGESA, sin verificar con las comunidades afectadas que, por ejemplo, la figura de "comodato reestructurado" en verdad respondiera a evitar la alteración socioeconómica, pues según se evidencia en la zona cientos de personas de la zona no han recuperado sus empleos o modos de subsistencia. Igualmente, la alta inestabilidad geológica que se evidencia en la zona desde la construcción de la represa "El Quimbo" pone en riesgo no sólo la movilidad en la región, sino también las formas de vida de los pobladores locales.
Las organizaciones abajo firmantes reconocen la legitimidad del rechazo al proyecto hidroeléctrico "El Quimbo" por parte de las comunidades directamente afectadas y organizadas en ASOQUIMBO, así como las otras organizaciones de la sociedad civil que confluyen en el Movimiento Colombiano en Defensa del Territorio y Afectados por Represas "Ríos Vivos". La represa "El Quimbo" inundará 8.250 hectáreas que son las más productivas del Departamento, las cuales actualmente generan más de 4.000 empleos directos, mientras, según datos de EMGESA, la represa solo empleará 50 personas en la fase de operación. Durante las mesas temáticas llevadas a cabo entre los pasados 24 y 30 de enero se registraron más de 1.400 personas que no fueron incluidas en los censos de la empresa EMGESA, situación que debe ser atendida con celeridad por parte de la autoridad ambiental colombiana; de este modo observamos que el proyecto se contrapone a los planes de vida de las comunidades locales y por ende instamos a la empresa y el gobierno colombiano a desestimar la construcción de la represa, pues generaría enormes impactos socio-ambientales y económicos negativos.
Para la comunidad internacional es preocupante observar como este proyecto se impone por la fuerza y generando conflictos violentos así como empeorando las condiciones de vida de grandes grupos poblacionales.
El inicio del desvío del cauce del río La Magdalena, programado para estas fechas, causará enormes perjuicios derivados de la destrucción irreversible a una de las principales cuencas hidrológicas del país y la consecuente inundación de miles de hectáreas fértiles y productivas, así como daños irreversibles a la biodiversidad y el funcionamiento de varios ecosistemas que son el sustento económico de miles de personas. Además, las reclamaciones y peticiones de las comunidades afectadas no han sido tomadas en cuenta, vulnerando así el derecho a la consulta previa libre e informada.
Por otra parte denunciamos la colaboración de la empresa EMGESA con los organismos de seguridad del Estado colombiano, que cometen graves violaciones a los Derechos Humanos -como el desplazamiento forzado, el hostigamiento de defensores de los derechos humanos, la tortura, las amenazas de muerte, la práctica de ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército y siguen ocurriendo numerosos casos de asesinato de civiles por militares para presentarlos como guerrilleros muertos en combate(1) - como señala el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia durante el año 2011(2).
Consideramos ilegal el uso de la fuerza pública para impedir el derecho a la expresión y manifestación, así como para impedir la presentación de las reclamaciones de las comunidades afectadas. Asimismo constatamos que las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, como el Observatorio Internacional de Paz, que hicieron presencia en la zona para acompañar a las comunidades fueron impedidas por la fuerza pública para realizar su trabajo de hacer cumplir las normas del Derecho Internacional de Derechos Humanos.

Ante la gravedad de los hechos, solicitamos:
• Suspender la desviación del Río Magdalena apelando al principio de precaución hasta tanto se esclarezcan las denuncias y se atiendan todas inconformidades de las comunidades afectadas, se certifique el cumplimiento estricto de la licencia ambiental, y se valore la pertinencia social y ambiental del proyecto. En la Resolución 1096/2011 el Ministerio de Ambiente de Colombia reconoció la generación de impactos no previstos que "demuestran la urgencia de tener una herramienta para la identificación y valoración de la vulnerabilidad de los distintos grupos poblacionales, para evitar el detrimento del bienestar de las personas desplazadas por este efecto."
La comunidad internacional se mantiene atenta de lo que ocurre en Colombia, como expresan las acciones urgentes de diferentes redes internacionales de la sociedad civil, como REDLAR, para solicitar la suspensión cautelar de la desviación del Río Magdalena.

Muchas gracias por su atención. Cualquier inquietud y respuesta a esta comunicación agradecemos dirigirla a: internacional@ecologistasenaccion.org

Atentamente,

• ACSUR-Las Segovias
• Asamblea de Medioambiente del 15M de Madrid
• Associació catalana d'Enginyeria Sense Fronteres
• ATTAC España
• Ecologistas en Acción
• Entrepueblos
• Observatorio de la Deuda en la Globalización
• Observatorio de las Multinacionales en América Latina - Paz con Dignidad
• Plataforma Justicia por Colombia (Comisión Española de Ayuda al Refugiado,
Comité de Solidaridad Madrid Oscar Romero, Ecologistas en Acción, Instituto de
Estudios Políticos para América Latina y África-IEPALA, Mundubat, Organización
de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina-OSPAAAL, Paz
con Dignidad, Fundación Madrid Paz y Solidaridad de CCOO).
• Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia (integrada por la
Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia-CEAR-PV, CEDSALA,
CEPS, Colectivo Sur-Cacarica, Entreiguales-Valencia, Intersindical Valenciana,
Coordinadora Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia,
Plataforma Justicia por Colombia de Madrid, Kolektiba Colombia - País Vasco,
Mesa de Apoyo a la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en
Colombia, Plataforma Andaluza de Solidaridad con Colombia, Plataforma
Asturiana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia, Red Canaria por los
Derechos Humanos en Colombia)
• Salva la Selva
• Verdegaia

ANEXO: Firmas de 28.600 de ciudadanos en apoyo a la acción urgente dirigida al
Gobierno colombiano y al Parlamento Europeo denunciando la construcción de la
hidroeléctrica "El Quimbo" de la empresa EMGESA.

 1  El drama del desplazamiento forzado en Colombia alcanza cifras exorbitantes independientemente de la fuente que se utilice (desde 3.486.305 a 4.915.579 personas en situación de desplazamiento forzado) (Datos de Acción Social y CODHES 2010). La situación de las víctimas de desaparición forzada es tan grave que ni siquiera a día de hoy se tiene una cifra unificada sobre el alcance real de este crimen. Hasta la fecha, figuran más de 57.200 personas desaparecidas en el Registro Nacional de Desaparecidos, mientras que la Fiscalía conocería más de 26.500 casos de presuntas desapariciones forzadas. (Intervención del Representante de la OACNUDH, doctor Christian Salazar Volkmann, en el seminario "Herramientas para la protección y defensa del derecho a la verdad de las víctimas de desaparición forzada en el ámbito jurídico nacional e internacional"). De estos casos, 1.130 se produjeron entre 2008-2011 (según la U.S.Office en Colombia y el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos), es
decir, un caso cada día. Además, según la OACNUDH, no ha habido progresos en la aplicación de las recomendaciones de Naciones Unidas por parte del Ministerio de Defensa y del Ejército para identificar a las personas desaparecidas y colaborar con la justicia. Las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la fuerza pública no han cesado con el nuevo gobierno (véase Mesa de trabajo de Ejecuciones Extrajudiciales de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos). En cuanto a la investigación de éstos, es preocupante el retroceso significativo en 2010 de la colaboración de la Justicia Penal Militar con la justicia ordinaria en el
traslado de casos de "muertos en combate" con signos de violaciones de los derechos humanos (véase Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 2010). A pesar de las presiones internacionales para erradicar la violencia sindical, las continuas recomendaciones de instituciones internacionales como OIT y PNUD, el panorama en el país continúa siendo
crítico. Según la primera encuesta sobre la violencia sexual en el marco del conflicto armado en Colombia (véase Campaña Violación y otras violencias: saquen mi cuerpo de la guerra. Oxfam Internacional), durante los años 2001-2009, 489.687 mujeres fueron víctimas directas de violencia sexual.
2  http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informes.php3?cod=15&cat=11