Helda Martínez IPS, 29 de julio de 2010

"Hay vínculos preocupantes entre el aumento de denuncias por ejecuciones extrajudiciales y las unidades militares colombianas asistidas con financiamiento militar estadounidense", denunció a IPS John Lindsay-Poland, coordinador de una investigación de dos años sobre el tema.

Mientras en La Macarena (Colombia) se celebraba estos días la Audiencia Pública "Crísis Humanitaria en los Llanos Orientales", cuyo objetivo era conocer la grave situación de derechos humanos que se vive en esta región colombiana como consecuencia de la ejecución de distintos planes gubernamentales (Plan Colombia, Patriota,  Victoria, ...) , Uribe declaró, desde la base militar del mismo municipio, que: "El terrorismo, en esa combinación de formas de lucha, mientras a través de algunos voceros propone la paz, a través de otros voceros viene aquí a La Macarena a buscar cómo desacreditar a la Fuerza Pública y cómo la sindica de violación de Derechos Humanos" señalando de esta manera como terroristas a las víctimas, a los y las defensoras de derechos humanos y congresistas convocantes de la Audiencia. Frente a estos nuevos señalamientos Iván Cepeda dirige la siguiente carta a los y las parlamentarias que han participado en la Audiencia:

17 de Julio de 2010

Revista SEMANA revela espeluznantes fotos, audios y testimonios de posibles ejecuciones extrajudiciales en Urabá, cuyos responsables no han sido castigados.

Los colombianos llevan casi dos años esperando que los responsables de los llamados 'falsos positivos' de Soacha sean castigados. Y nada. El proceso anda lento y lleno de dificultades. Lo de Soacha no es el único. Investigaciones de decenas de posibles ejecuciones extrajudiciales de civiles en diferentes regiones del país fueron trasladadas a la justicia ordinaria por jueces penales militares. Algunas de estas acciones judiciales habían comenzado aun antes de que estallara el escándalo de Soacha, en octubre de 2008.

TeleSUR, 17 de julio de 2010

 Las mil personas que fueron ejecutadas, según cifras de 2009 adelantadas por ONGs, las hicieron pasar por miembros de grupos rebeldes con el objetivo de beneficiarse con las recompensas ofrecidas por la directiva secreta de 2005, que define los criterios de pago como la continuación de labores de inteligencia y planeamiento de operaciones presuntamente para la lucha antisubversiva.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuestionó este viernes al Gobierno de Colombia sobre la vigencia de una directiva secreta de 2005, que ofrecía recompensas a colaboradores de la lucha contra grupos subversivos, que generó las ejecuciones extrajudiciales de al menos mil personas inocentes.