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Mujeres del Mundo por la Paz piden al presidente Santos poder acceder cuanto antes a las cárceles colombianas

6 abril 2012. Las Mujeres del Mundo Gestoras por la Paz han pedido en carta al presidente Santos que, tras las liberaciones de prisioneros por parte de las FARC, cumpla su compromiso de autorizar las visitas a las cárceles para verificar las condiciones en que se encuentran los presos políticos y de guerra.

OIDHACO reclama a la UE que estudie con atención el informe de la ONU sobre DDHH en Colombia

28 marzo 2012. Durante el último Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se realizó en Ginebra del 27 de febrero al 23 de marzo, se presentaron varios informes sobre la grave situación de DDHH que atraviesa Colombia. "Consideramos que la UE no valora en su justa medida las graves violaciones de derechos humanos en Colombia y continúa dando por buenos los anuncios de cambio de políticas y de compromiso por parte del ejecutivo colombiano, mientras que la crisis humanitaria allí continúa sin que se perciban elementos de mejoría", declara Vincent Vallies, portavoz de la Oidhaco. 

Ya se puede ver completo el documental "Falsos positivos"

21 marzo 2012. El periodista italiano Simone Bruno, junto a Dado Carrillo, han investigado los tristemente célebres "falsos positivos", que reconstruyen en un documental a través de la historia de dos familias con parientes víctimas de los asesinatos de civiles por parte de miembros del Ejército Nacional. "Falsos Positivos" ha recibido varios premios en el exterior y ahora puede verse en la web lasillavacia.com

El TLC de la UE con Colombia y Perú entrará en vigor provisionalmente sin aprobación de los parlamentos de los 27

16 marzo 2012. Las redes europeas OIDHACO y Grupo Sur lamentan en un comunicado el acuerdo político adoptado por parte del Consejo Europeo, de dar vía libre a la aplicación provisional del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la UE - Perú y Colombia, antes de que los parlamentos nacionales de los 27 países que componen la UE hayan dado su aprobación.

2011: cada 8 días fue asesinado un defensor de derechos humanos en Colombia. Informe Somos Defensores

20 marzo 2012. 49 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2011 según el informe del programa no gubernamental Somos Defensores, integrado por la Asociación Minga, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y la ONG Benposta Nación de Muchachos. El documento, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, señala que las agresiones contra estos activistas crecieron un 36 por ciento en 2011, con 239 ataques que incluyen asesinatos, amenazas, desapariciones forzosas, atentados y detenciones arbitrarias, entre otros, frente a los 174 actos intimidatorios registrados en el 2010.

"Convencidos estamos que la salida es política y no militar". Personalidades hacen llamamiento por la negociación

12 marzo 2012. Premios Nobel, altos cargos de la ONU, periodistas, escritores o sociólogos están entre las personalidades que acaban de firmar un llamamiento para que el gobierno de Colombia "y por extensión, el de Estados Unidos", "escuchen al pueblo colombiano, y se acepte la propuesta de la insurgencia para buscar una solución política negociada al conflicto".  Los firmantes advierten que el conflicto colombiano concierne ya a la región y al continente, que la población civil es su primera víctima y que en los intentos de diálogo que ya se han realizado,"los sucesivos gobiernos han utilizado pretextos para romper y no avanzar en la búsqueda de una paz con dignidad" mientras que crecen las movilizaciones que exigen una salida política que lleve a una paz con justicia social.

Organizaciones piden a ENDESA que suspenda su proyecto hidroeléctrico en el Magdalena

8 marzo 2012. Justicia por Colombia, junto a otras organizaciones sociales del Estado español, ha enviado una carta a la multinacional ENDESA para que paralice la desviación del río Magdalena, prevista dentro de su proyecto de construcción de una central hidroeléctrica en el departamento colombiano del Huila. Las organizaciones firmantes rechazan la represión ejercida contra la libertad de expresión y manifestación de las comunidades que se oponen al proyecto, advierten de los graves daños socioambientales y económicos que generaría la represa y piden al gobierno que cumpla con su promesa de revisar si se han cumplido las normativas y licencias ambientales.

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