Nuevatribuna.es, 30 de enero de 2011

"Con motivo del décimo aniversario del Plan Colombia, mucho se ha celebrado la estrategia de cooperación entre Estados Unidos y Colombia para atajar el problema del narcotráfico y la violencia relacionada con este. Al no poder sustentar el éxito de dicho Plan en el tema de drogas (la producción se mantiene o aumenta y el precio de la droga baja), sus defensores han pasado a centrarse en las mejoras en seguridad que se obtuvieron por medio del Plan y la política del gobierno (también respaldada por los Estados Unidos) llamada Seguridad Democrática: por medio de entre otras cosas, triplicar el presupuesto militar, casi doblar el tamaño de las fuerzas de seguridad, y el usar ciudadanos como informantes pagados se redujo la violencia (bajaron drásticamente asesinatos, secuestros y ataques terroristas) y se hizo aparecer al panorama colombiano como atractivo.

ONIC, Enero 2011

El presente informe consolida los datos y análisis relacionados con la situación actual de derechos humanos de los pueblos indígenas de Colombia durante el año 2010. El documento presenta además del análisis del gobierno Santos, los resultados cualitativos y cuantitativos arrojados por el estudio de la información de la base de datos de la ONIC a Diciembre 15 de 2010, considerando a su vez un análisis comparativo frente a los consolidados que realizó la ONIC durante el año 2009. 

El total de víctimas en lo transcurrido de 2010 según la Base de datos es de 122 indígenas asesinados; esto implica que la situación de los pueblos indígenas se agrava cada vez más respecto a años anteriores, máxime con los proyectos y macro proyectos de explotación de recursos naturales. 

Se presenta en Colombia el "X Informe sobre violencias contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia en el contexto de la violencia sociopolítica y el conflicto armado interno 2000-2010"

En noviembre de 2001, la entonces Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, señora Radhika Coomaraswamy realizó una visita oficial a Colombia y elaboró un informe sobre la situación de violación de los derechos humanos de las mujeres, las jóvenes y las niñas como consecuencia del conflicto armado interno.

La celebración de este seminario posibilitó realizar un riguroso, detenido y completo análisis del papel que desempeñan los acuerdos y tratados de libre comercio desde la lógica neoliberal y su nefasto impacto para la vigencia de los derechos humanos. También se estudió cómo se desarrolla la imposición de esos acuerdos y cómo su orientación produce daños profundos sobre la población en general, sobre las comunidades más pobres en particular, incluyendo a importantes colectivos y actividades de ciudadanos europeos. Del mismo modo, también se analizó cómo esos tratados afectan tanto la biodiversidad como el territorio, en países que sufren una pobreza estructural, como Perú y Colombia, siendo además esta última nación escenario de un largo conflicto armado.

Semana.com, 28 de Octubre 2010

La buena voluntad expresada por el nuevo gobierno para mejorar la situación de los derechos humanos no ha impedido el asesinato de 22 activistas, un periodista y un juez durante los primeros 75 días de gestión, según un informe presentado el jueves durante una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Justicia por Colombia, 27 de octubre de 2010

DESCARGUE AQUÍ LA GRABACIÓN DE LA RUEDA DE PRENSA EN LA QUE INTERVINIERON MAURICIO VALIENTE Y FRANCISCO PÉREZ COMO PORTAVOCES DE LA PLATAFORMA JUSTICIA POR COLOMBIA

PCDHDD, 22 de Octubre de 2010

IMPACTOS Y TENDENCIAS DEL "ACUERDO MULTIPARTES" ENTRE COLOMBIA Y PERÚ, Y LA UE EN COLOMBIA. Una mirada desde los derechos humanos tras el fin de su negociación

La aprobación de un acuerdo multipartes intre la Unión Europea (UE) y los países andinos (Perú y Colombia) no fortalecería las posibilidades de integración horizontal entre naciones, sino que se limitaría a facilitar flujos comerciales asimétricos, a asegurar la garantía jurídica de las inversiones europeas, buena parte de ellas orientadas la actividades extractivas en materia minera, energética y petrolera, y a ampliar las oportunidades de las empresas europeas en nuevos campos de crecimiento como la propiedad intelectual. Las mayores garantías para las inversión europea incidirían negativamente en la garantía de los derechos humanos económicos, sociales y culturales (DHESC), y podrían afectar seriamente a la población civil víctima del conflicto armado.