Helda Martínez IPS, 29 de julio de 2010

"Hay vínculos preocupantes entre el aumento de denuncias por ejecuciones extrajudiciales y las unidades militares colombianas asistidas con financiamiento militar estadounidense", denunció a IPS John Lindsay-Poland, coordinador de una investigación de dos años sobre el tema.

Mientras en La Macarena (Colombia) se celebraba estos días la Audiencia Pública "Crísis Humanitaria en los Llanos Orientales", cuyo objetivo era conocer la grave situación de derechos humanos que se vive en esta región colombiana como consecuencia de la ejecución de distintos planes gubernamentales (Plan Colombia, Patriota,  Victoria, ...), Uribe declaró, desde la base militar del mismo municipio, que: "El terrorismo, en esa combinación de formas de lucha, mientras a través de algunos voceros propone la paz, a través de otros voceros viene aquí a La Macarena a buscar cómo desacreditar a la Fuerza Pública y cómo la sindica de violación de Derechos Humanos" señalando de esta manera como terroristas a las víctimas, a los y las defensoras de derechos humanos y congresistas convocantes de la Audiencia. Frente a estos nuevos señalamientos Iván Cepeda dirige la siguiente carta a los y las parlamentarias que han participado en la Audiencia:

Telesur, 28  de julio de 2010

Una delegación formada por eurodiputados, congresistas opositores, la senadora Piedad Córdoba e Iván Cepeda, entre otros miembros de organizaciones, se desplazaron hasta La Macarena para verificar la existenci de una fosa común. Cepeda indicó que se trata de dos mil cadáveres enterrados cerca de un batallón del Ejército colombiano. Sin embargo,la Cancillería insiste en negar el problema.

Habitantes de La Macarena, sur de Colombia, presenciaron este jueves la audiencia pública que sirvió para certificar la denuncia que habían hecho a las autoridades sobre la existencia de una fosa común ubicada en la cercanías de un batallón del Ejército con más de 2 mil cadáveres, un día después que la Cancillería de ese país negara el descubrimiento.

Voceros de organizaciones defensoras de derechos humanos insistieron ante la Corte Constitucional que el acuerdo permitiría entre otros, el reabastecimiento de aeronaves y el tránsito de tropas extranjeras en Colombia.

ASOCIACION FAMILIARES VICTIMAS DE TRUJILLO AFAVIT

Trujillo, Julio 13 de 2010

En uno de los Informes del Colectivo de abogados José Alvear Restrepo sobre el Proceso penal del Caso Trujillo, expresa:

"El 15 de Octubre de 2008 por existir pruebas que muestran la participación de la fuerza pública en varios de los crímenes de la masacre de Trujillo, fueron vinculados mediante indagatoria los miembros de la fuerza pública: el Comandante del Batallón Palacé de Buga, el Coronel HERNAN CONTRERAS PEÑA, desempeñaba el cargo de Juez Penal Militar; el Capitán encargado del Puesto de Mando adelantado en Moravito-Trujillo, Capitán HECTOR PEÑA PORRAS; el Sargento de contraguerrilla GILDARDO SILVA ROJAS; el Sargento de contraguerrilla SILVINO SANCHEZ MIRANDA; el Sargento Segundo CESAR AUGUSTO CORREDOR CETINA, miembro del Puesto de Mando adelantado; el Cabo Primero JAIRO TREJOS PARRA, miembro del Puesto de Mando adelantado.

17 de Julio de 2010

Revista SEMANA revela espeluznantes fotos, audios y testimonios de posibles ejecuciones extrajudiciales en Urabá, cuyos responsables no han sido castigados.

Los colombianos llevan casi dos años esperando que los responsables de los llamados 'falsos positivos' de Soacha sean castigados. Y nada. El proceso anda lento y lleno de dificultades. Lo de Soacha no es el único. Investigaciones de decenas de posibles ejecuciones extrajudiciales de civiles en diferentes regiones del país fueron trasladadas a la justicia ordinaria por jueces penales militares. Algunas de estas acciones judiciales habían comenzado aun antes de que estallara el escándalo de Soacha, en octubre de 2008.

TeleSUR, 17 de julio de 2010

 Las mil personas que fueron ejecutadas, según cifras de 2009 adelantadas por ONGs, las hicieron pasar por miembros de grupos rebeldes con el objetivo de beneficiarse con las recompensas ofrecidas por la directiva secreta de 2005, que define los criterios de pago como la continuación de labores de inteligencia y planeamiento de operaciones presuntamente para la lucha antisubversiva.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuestionó este viernes al Gobierno de Colombia sobre la vigencia de una directiva secreta de 2005, que ofrecía recompensas a colaboradores de la lucha contra grupos subversivos, que generó las ejecuciones extrajudiciales de al menos mil personas inocentes.

"Hollman Morris es un honrado y valiente periodista, cuyos programas de Contravía en televisión han merecido los más altos elogios de la crítica internacional y desatado las más mezquinas furias del gobierno colombiano. ¿La razón? Simple: no comulga con las versiones oficiales sobre la vio encia, no acepta las razones del gobierno sobre los paramilitares y sobre las guerrillas y, sobre todo, pone en evidencia la violación a los DDHH en el país. Por ello ha sido perseguido, debió exilarse en España, regresó a cubrir con honestidad los temas que no abandona. El gobierno de Uribe lo ha tenido en la mira por intermedio del siniestro DAS-policía secreta y política bajo del presidente-. Un cuerpo tan corrupto que el gobierno de EEUU suspendió todo apoyo económico. Sus comunicaciones privadas y profesionales le han sido interceptadas, su vida familiar vigilada y amenazado él y su familia. Ahora a Hollman y su familia -con un pie en el avión para viajar a Harvard- le han negado la visa de estudiante. Es justo y urgente protestar contra esta medida y solicitar su enmienda. Firmemos la carta a Obama (ALFREDO MOLANO BRAVO)