TeleSur, 21 de enero de 2011

El Tribunal Superior de Bogotá aprobó que sean públicas las investigaciones realizadas contra el ex presidente colombiano Álvaro Uribe por el caso de espionaje telefónico y seguimientos a opositores durante su Gobierno (2002 - 2010), caso conocido en ese país como "chuzadas".

Así lo dio a conocer este jueves en una entrevista exclusiva con teleSUR el representante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, Luis Guillermo Pérez.

"Hemos presentado una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá que ha sido resuelta favorablemente para obligar a la Cámara de Representantes y a la Comisión de Acusaciones a que cualquier diligencia que se adelante por estos delitos gravísimos del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) sean de cara al pueblo", afirmó el experto en leyes.

Pérez indicó la solicitud para que el juicio del ex mandatario fuera realizado "de cara al pueblo colombiano", había sido presentada anteriormente a la Comisión de acusaciones; no obstante, ésta la había rechazado alegando "que como Uribe ya no era el Presidente del país, no era necesario publicar todos los pasos del procedimiento judicial".

Pese al rechazo, Pérez señaló que en conjunto con el colectivo de abogados "continuó haciendo las gestiones necesarias porque lo importante es "que el pueblo se entere" de cómo se realiza el juicio y de los argumentos que emplea cada parte para su resolución justa.

"Aquí lo que se intentaba era que el pueblo se enterara de qué es lo que se haría para absolver al ex presidente Uribe. Ahora, la garantía de que la investigación y el juicio sea público obliga a estos representantes de la Cámara a contribuir para que de verdad se opere la justicia", aseveró.

Del mismo modo, explicó que con esta oportunidad de ver los avances del juicio, el pueblo "no podrá sólo demandar en caso de alguna irregularidad, sino que podremos acudir a la Corte Internacional Penal por los delitos de lesa humanidad que no se quieran investigar".

Por otro lado, el abogado afirmó que a pesar de que legalmente, Uribe no está obligado a declarar en el juicio, se instará a que lo haga y se argumentará con el derecho de la sociedad colombiana de conocer la verdad de boca de su propio protagonista.

"Es nuestro derecho a reclamar la verdad y por eso la importancia de su testimonio sobre estos crímenes"; indicó.

El escándalo por las chuzadas comenzó en febrero de 2009, cuando se conoció que Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia), que depende directamente de la Presidencia, hizo seguimientos e interceptó los teléfonos de miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dirigentes opositores, periodistas y defensores de los derechos humanos.

Varios ex funcionarios del DAS están presos por este caso, pues han aceptado que bajo lineamientos del Ejecutivo, realizaban ilegalmente persecuciones y rastreos telefónicos contra los opositores de Uribe.

El año pasado, se informó que la activista humanitaria Piedad Córdoba, será parte del grupo interrogador en este procedimiento político; ella también fue víctima de las chuzadas.

Hasta la fecha, la Fiscalía continúa realizando investigaciones con el objetivo de hacer justicia a todos los responsables.

Además de este caso, al ex presidente Uribe también se le abrió un expediente por delitos de lesa humanidad el pasado noviembre; cuando un grupo de 43 personas lo denunció por crímenes que incluyen tortura psicológica y persecución política.