VIDEO "Derechos Humanos en Colombia"

Visión Siete Internacional Argentina 2011
"Colombia es un país habituado a la guerra permanente. Un conflicto armado interno originado a mediados de los años 60 como reacción a la opresión a campesinos y la apropiación de las riquezas del país por parte de terratenientes y sectores empresarios, con la complicidad de los partidos tradicionales. Un conflicto que recrudece periódicamente y atraviesa todas las dimensiones de la vida cotidiana de los colombianos, sin que aparezca una salida a una violencia que se volvió sistémica (...)"

Las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el gobierno, a través de sus fuerzas armadas, los grupos paramilitares alentados por el poder político y el crimen organizado son los principales actores de una guerra de décadas por el control del territorio, con algunos intentos de diálogo que no lograron encauzar el conflicto.

Desde la llegada al poder de Álvaro Uribe, en agosto de 2002, el estado colombiano asumió una visión exclusivamente militarista de este conflicto. Amparado por el Plan Colombia, mediante el que Estados Unidos canalizó a este país cerca de 8 mil millones de dólares en los últimos 10 años, en su mayoría dedicados a equipar al ejército colombiano, Uribe puso en marcha su política de seguridad democrática. La seguridad democrática, que muchos consideran sólo un nuevo packaging para la doctrina de la seguridad nacional de los años 70, que en América latina sirvió para justificar la tortura y asesinato masivo de opositores políticos, terminó de militarizar a la sociedad colombiana, y legitimó las acciones ilegales de sus fuerzas armadas.

A partir de entonces las guerrillas colombianas dejaron de ser grupos insurgentes con objetivos políticos y pasaron a convertirse en organizaciones terroristas, contra las que todo está permitido. Al involucrar a la sociedad civil como parte en el conflicto, otorgar un poder casi absoluto a las fuerzas armadas y la policía, fomentar la delación y establecer recompensas y ascensos a los militares por cada insurgente muerto la política de seguridad democrática institucionalizó la violación a los derechos humanos en Colombia. Miles de ciudadanos comunes fueron sometidos en su nombre a detenciones masivas, torturas y asesinatos, acusados de colaborar con la guerrilla.

Modelo de esta política y muestra de sus devastadores resultados es la Macarena, una pequeña población campesina ubicada a poco más de 300 kilómetros de Bogotá, al sureste de Colombia.

Hasta allí viajó especialmente un equipo de Visión 7 Internacional. El primer tramo del trayecto consistió en recorrer los 90 kilómetros de la Autopista al Llano, que une la capital colombiana con Villavicencio, en el estado de Meta, una ruta de montaña trazada en terreno inestable, atestada de camiones de carga, y que sufre bloqueos periódicos por derrumbes y deslizamientos.

© Noticiero Visión Siete/ TV Pública/ Argentina

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