Diagonal, 2 de diciembre de 2010

Jorge Eliécer Molano es un abogado colombiano que lleva 23 años en la defensa de los derechos humanos. Ha llevado casos como la desaparición de los 11 detenidos tras la toma del Palacio de Justicia en 1985; la masacre en la comunidad de San José de Apartadó, en la que fueron degollados dos niños a manos de militares y paramilitares; la vinculación de cuatro generales colombianos en la creación de grupos paramilitares; o el asesinato de un estudiante durante la irrupción de militares en la Universidad. Ahora, Molano denuncia la actuación del servicio de inteligencia de Colombia, Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), tras las revelaciones de la Fiscalía de Colombia que han sacado a la luz que durante el mandato de Uribe el DAS investigó a políticos, sindicalistas, periodistas y defensores de derechos humanos (colombianos y del Estado español) para desacreditarlos. Durante esos años Molano fue amenazado.

DIAGONAL: ¿Desde qué sectores fue amenazado por su defensa de los derechos humanos?
JORGE MOLANO: Las amenazas provienen del ministerio de Defensa y fueron transmitidas por la vicepresidencia de Colombia en 2008. Me dijeron que corría un riesgo extraordinario, pregunté de dónde venía ese riesgo, pero no respondieron. Este año el Gobierno me dijo que, tras reunirse con la Junta de Generales y el ministerio de Defensa, los militares no veían bien mi labor porque estaba "atacando el honor militar" e incluso pidieron que saliera del país.

D.: Uno de los casos que ha denunciado es la desaparición de los detenidos tras la toma del Palacio de Justicia de Bogotá en 1985.
J.M: Los hechos ocurrieron hace 25 años. Ahora la Justicia colombiana ha dictado sentencia. Once personas del grupo guerrillero M19 fueron sacadas por el Ejército colombiano del Palacio, en pleno centro de la capital, con cámaras de televisión que registraron esa salida. Nunca se volvió a saber de ellos. Fueron trasladados a prisiones militares y murieron por torturas. Se denunció y se hizo un proceso judicial en el que las intimidaciones fueron una práctica recurrente. Pasados 13 años, el abogado que llevó el caso consiguió abrir la fosa, en la que fueron exhumados los cuerpos, pero fue asesinado el 18 de abril de 1998. La juez que condenó en julio al general Plazas Vega tuvo que abandonar el país por amenazas 15 días después de dictar sentencia. La fiscal que instruyó el caso, fue retirada de su cargo por presiones del Ejército y sectores políticos. Estamos pendientes de que se dicte sentencia contra varios generales, eso es positivo, pero el Gobierno no tiene voluntad de que se cumpla. El general Plazas Vega ya fue condenado a 30 años por estos hechos. Pero está recluido en su domicilio, una casa de 600 por 400 m2. Además, el año pasado mientras estaba sometido a juicio Plazas Vega fue contratado por la Universidad Militar, para impartir la cátedra de Guerra Jurídica, en la que los abogados de Derechos Humanos estamos considerados -tras la guerrilla- como el segundo frente de subversión del país.

D.: ¿Qué implicación tiene el ex presidente Álvaro Uribe en las investigaciones ordenadas al servicio secreto DAS contra defensores de derechos humanos?
J.M.: Durante ocho años de Gobierno de Uribe hemos estado ante un presidente inepto, que no sabía lo que pasaba, o ante un presidente que dirigió una empresa criminal. La acción del DAS, además, traspasó fronteras; fue una acción que se hizo con la Operación Libertad en diferentes países, en contra de ciudadanos europeos, diputados españoles y miembros del Parlamente Europeo. Estas acciones de espionaje están relacionadas con posteriores asesinatos, desplazamientos de población y atentados. Todos estos hechos pueden ser considerados como un crimen contra la humanidad como lo reconoce la ONU. Uribe tiene que responder. Va a ser juzgado por la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República, que algunos preferimos llamar comisión de absoluciones, porque en los últimos 50 años no ha resuelto ninguno caso bajo el argumento de que todas las denuncias son infundadas. Tenemos dudas de que el fiscal actúe contra los cuatro directores del servicio secreto vinculados con actuaciones criminales. Además, el nuevo Gobierno ha dado cargos a los implicados. Cuando se conocen los hechos, la Fiscalía ordena confiscar los ordenadores y documentación del DAS. La decisión se filtra al director del DAS. Pero los detectives guardaron mucha información para protegerse. Lo preocupante es que el director actual del DAS es la persona que recibió el aviso del allanamiento y el que ordenó destruir las pruebas.

D.: ¿Qué implicación tiene la CIA y qué intereses económicos se esconden detrás de estos hechos?
J.S.: La mayoría de los equipos con los que se hicieron las escuchas fueron suministrados por EE UU. Incluso las llaves de la oficinas del DAS en la capital estaban en poder de miembros de la embajada de EE UU. Colombia fue erigida como la Israel de América Latina y ha jugado un papel desestabilizador en la región. En uno de los informes de la Fiscalía queda claro que el servicio secreto de Colombia estaba financiado por la CIA] con el propósito de infiltrarse en la representación diplomática de Venezuela, Ecuador y Cuba. La presión internacional ha ido en aumento, pero la UE, que está al tanto de los asesinatos que se han cometido y las vinculaciones entre militares y paramilitares, ha preferido mirar para otro lado. Ha avanzado, ganando incluso espacio a EE UU, en la firma de un acuerdo de libre comercio. Resulta increíble que se antepongan los acuerdos económicos a los derechos humanos.

D.: ¿Cuál es el número de desaparecidos políticos en los últimos años?
J.M.: Las estadísticas oficiales hablan de 42.000 desaparecidos desde 1980. Según Medicina Legal, organismo de la Fiscalía General, en los últimos tres años 7.060 colombianos han desaparecido forzosamente. Frente a estos datos se afirma que Colombia es la democracia más antigua de Latinoamérica. Cualquiera puede pensar que hemos tenido una dictadura. Las cifras superan ampliamente las de desaparecidos en la dictadura de Pinochet en Chile, las juntas militares argentinas y las de las dictaduras de Uruguay y Paraguay.

MASACRE DE APARTADÓ: "SE PROBÓ QUE MILITARES Y PARAMILITARES ACTUARON JUNTOS"

M.J.E.P. (REDACCIÓN)

DIAGONAL: ¿Qué avances se han hecho en la investigación de la masacre en San José de Apartadó?
JORGE MOLANO: Este proceso es bastante doloroso. Como defensor de derechos humanos lo que más me ha conmovido es pensar en la imagen de Santiago, un bebé de 18 meses que fue degollado. El argumento de quienes lo degollaron era que lo mataron para que cuando fuese grande no fuera un subversivo y para que no reconoceira a los victimarios [los asesinos]. Primero el Gobierno planteó que los hechos eran atribuibles a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Lo ocurrido fue que un coronel del Ejército colombiano recibió plata de los paramilitares para comprar testigos que acusaron a las FARC. Después de tres o cuatro años, logramos que la investigación se abriera. Se vinculó a una persona de la Brigada 17 que había actuado con los paramilitares. Se comprobó que los paramilitares fueron convocados para llegar de diferentes lugares. A los dos días se convocó al Ejército para que se reuniera con los paramilitares en el mismo lugar. Durante cinco días militares y paramilitares marcharon juntos, durmieron en el mismo lugar y durante la masacre estuvieron juntos. La Justicia colombiana decidió procesar a diez militares, en un juicio al que asistieron observadores del Estado español, Suecia y EE UU, entre otros países. La juez, decidió el pasado 4 de agosto absolver a los militares porque consideró que no se había demostrado que tenían un pacto con los paramilitares y consideró que no es un hecho delictivo descuartizar a una niña de cuatro años y a un bebé de 18 meses.

María José Esteso Poves / Redacción
Jueves 2 de diciembre de 2010. Número 138