EFE, 4 de noviembre de 2010

Unidas por el dolor que para ellas ha supuesto primero el secuestro y después el asesinato de sus hijos por las fuerzas de seguridad, un grupo de mujeres de Soacha (Colombia) ha iniciado una campaña por Europa con el objetivo de conseguir ayuda internacional para que se haga justicia en su país.

Así lo han explicado hoy en Salamanca la activista colombiana Nancy Sánchez y una de las madres afectadas María Ubilerma Sanabria en declaraciones a los periodistas antes de participar en un acto público en la Universidad salmantina (USAL) organizado por Amnistía Internacional.

Bajo el lema "Las ejecuciones extrajudiciales son crímenes de Estado", las madres de Soacha, localidad próxima a Bogotá, piden justicia para sus hijos -una docena de jóvenes- que en 2008 fueron ejecutados por las fuerzas de seguridad colombianas y cuyos cadáveres se presentaron, en palabras de Sánchez, como "guerrilleros muertos en combate".

A pesar de las amenazas y la vigilancia a la que están siendo sometidas, Sanabria ha asegurado que, "aún teniendo miedo" por lo que les pueda pasar, están dispuestas a seguir adelante con el objetivo de que "no vuelva a repetirse" lo que les ocurrió a sus hijos, en su mayoría, jóvenes trabajadores de la construcción.

Tanto Sánchez como Sanabria han coincidido en augurar que tras la llegada al Gobierno el pasado mes de agosto del presidente Juan Manuel Santos Calderón, "la situación no va a cambiar", entre otras razones, según la defensora colombina, porque en el anterior Ejecutivo, el de Álvaro Uribe, el actual mandatario "ostentaba la cartera de Defensa".

En este sentido, ha añadido que el "caso de Soacha" es el "lunar de Santos Calderón" y si hay una investigación y se llega a la verdad, el presidente "estaría involucrado porque era el ministro de Defensa y fue quien autorizó las directivas que incluyen recompensas a los miembros de la fuerza pública que asesinan".

En su opinión, el presidente "no ha tenido la voluntad para llevar al Estado a que presione a la justicia colombiana".

Asimismo, ha significado que "el más de medio centenar de militares que estaban detenidos y acusados por la Fiscalía están en libertad y han sido reintegrados a la fuerza pública".

De ahí, la campaña iniciada en España (Jaén, Málaga, Salamanca y Madrid) y que continuará por Alemania, Bélgica, Irlanda, Holanda y Dinamarca porque, según Sánchez, necesitan "la presión internacional para que el Gobierno se vea en la obligación de llevar justicia y verdad en el caso de Soacha".

Sanabria ha sostenido que los escasos recursos con los que cuentan las madres cuyos hijos "desaparecieron, fueron considerados guerrilleros y después asesinados" hace que "los miembros de la fuerza pública se burlen" de ellas porque "saben que tienen el poder", ha concluido.

Por último, Sánchez ha reivindicado que en "los casos de denuncia de ejecuciones donde hay sospechas -existen casi 3.200 en el conjunto del país- no sea la justicia penal militar la que los investigue sino a través de la Fiscalía y de la unidad de derechos humanos". EFE 1010347 npg/jcp

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Madres de asesinados por el ejército colombiano denuncian en la Junta General la ausencia de justicia en su país

Europa Press, 2 de noviembre de 2010

Luz Marina Bernal, representante del colectivo Madres de Soacha, cuyos hijos figuran entre los 3.183 casos de asesinados por el Ejército Colombiano y presentados como falsos delincuentes, visitó hoy el parlamento asturiano para denunciar la carencia de justicia en su país, y exigir a la cámara y al Gobierno autonómico, que ejerzan presión internacional sobre el Ejecutivo de su país.

Así lo señaló en declaraciones a los medios de comunicación, tras entrevistarse con la presidenta de la Junta General del Principado, María Jesús Álvarez, y antes de reunirse con los cuatro grupos políticos que lo conforman.

Bernal quiere denunciar en Asturias la "problemática que esta sufriendo su país, sobre el tema de los 3.183 casos" de ejecuciones extrajudiciales, los llamados "falsos positivos". Militares del Ejército colombiano secuestraban y asesinaban a jóvenes de las zonas más pobres de Colombia y los presentaban públicamente como delincuentes o guerrilleros, supuestamente eliminados en acciones de combate. En el municipio de Soacha, cercano a Bogotá hay constatados 17 asesinatos hasta el momento. Las Madres de Soacha se han organizado por ello.

Durante su visita, Bernal pretende que Gobiernos e instituciones de toda Europa ejerzan presión sobre el gobierno colombiano. "Podríamos llegar a esperar esa ayuda de aquí, para que se presione al Gobierno colombiano, para que permita que las audiencias se agilicen, para que podamos seguir luchando y para que los otros casos de ejecuciones lleguen a un feliz término y sean condenados los culpables".

El hijo de Marina Luz Bernal, Fair Leonardo Porras Bernal, un chico de 26 años, de educación especial y con 53% de discapacidad, fue secuestrada el 8 de enero 2008, según esta mujer, por la Brigada 15 de Ocaña Norte de Santander, donde fue asesinado el 12 del mismo mes de 2008. Tras una búsqueda de ocho meses el 16 de septiembre "nos llamaron de Medicina Legal para mirar fotos de personas sin nombre".

Recuerda que lo señalaron "por pertenecer a un grupo al margen de la ley, acusado de ser un narcoterrorista". "Fue sorprendente porque mi hijo es de Educación Especial. No sabía leer ni escribir, ni reconocer el valor de dinero, y mucho menos podría pertenecer a un grupo al margen de la ley", recuerda.

"El mismo presidente lo señala de pertenecer a este grupo que fue a delinquir a esta zona", señala, en alusión a Álvaro Uribe, el máximo mandatario en aquel momento en Colombia. Se da la circunstancia de que el jefe del Estado actual, Juan Manuel Santos era por aquel entonces ministro de Defensa, por lo que las Madres de Soacha dudan de su motivación para esclarecer estos sucesos.

Hasta el momento no hay ni un solo encarcelado en Colombia por el escándalo de los falsos positivos. Un total de 27 militares han sido destituidos por los diferentes casos. Uno de ellos, el general Mario Montoya, ejerce de embajador en la República Dominicana.

Según explicó Luz Marina Bernal sólo hay algunos casos de juicios "contra las personas que efectuaron disparos, pero no contra los que dieron las órdenes". En todos estos procesos, "la defensa se ha encargado de dilatar el proceso, y los culpables todavía siguen en libertad".