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NOTA DE PRENSA:

09 de septiembre de 2010

El gobierno español prioriza las relaciones políticas y comerciales sobre el respeto de los Derechos Humanos en las relaciones bilaterales con Colombia

Un informe de Intermón Oxfam destaca la oportunidad que se abre con la llegada del nuevo gobierno colombiano para avanzar en materia de derechos humanos y exige al Gobierno español un giro en su política exterior

¿Dónde quedan los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario? es lo que se pregunta el informe de Intermón Oxfam que, bajo el mismo título, analiza las relaciones bilaterales entre España y Colombia durante los últimos 15 años, que comprenden la legislatura socialista y un antecedente del previo gobierno popular. El documento, hecho público hoy por la ONG, señala que, la diplomacia española se ha distinguido por omitir públicamente la grave situación de los derechos humanos en Colombia a pesar de afirmar que su objetivo central es contribuir a la consecución de la paz en este país.

"Es una incoherencia la ausencia casi total de menciones a las graves violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH) que se producen en Colombia durante las numerosas declaraciones públicas que han hecho los máximos representantes españoles a lo largo de los últimos años", señala la portavoz de Intermón Oxfam, Helena Vidal-Folch.

El estudio destaca que en el ámbito de cooperación, el gobierno español ha destinado grandes sumas de ayuda hasta convertirse en el segundo donante bilateral. Sin embargo, los fondos destinados a la partida de derechos humanos han sufrido importantes oscilaciones durante este período, lo que demuestra que la cooperación española no tiene una clara estrategia a favor de la defensa de dichos derechos.

Por contrapartida, en el ámbito comercial, España ha logrado una posición muy ventajosa que le ha situado como segundo inversor extranjero en Colombia. "Sin embargo, España no ha hecho uso de este lugar privilegiado para condicionar sus relaciones comerciales al cumplimiento de los derechos humanos y del DIH", dice la portavoz de la organización.

"Es preciso aprovechar la oportunidad que abre el cambio de gobierno en Colombia, la renovación de la estructura de la UE y el peso de España en este país sudamericano para abrir una nueva etapa en que la protección de los derechos humanos y el DIH se pongan por delante en las relaciones bilaterales", añade Vidal- Folch.

Cruel conflicto

El conflicto armado colombiano se ha caracterizado por la sistemática violación de los derechos humanos y el DIH por parte de todos los actores armados (guerrillas, fuerzas públicas y grupos paramilitares). Esta violencia, que asola el país desde hace casi 50 años, queda reflejada en el número de personas desplazadas -más de 3,3 millones- con las que cuenta Colombia, en el número de víctimas de minas terrestres y en el número de homicidios de sindicalistas, el mayor del mundo.

"Queda también reflejada en los 70.000 muertos de los últimos 20 años, en las siete personas que mueren o desaparecen al día fuera del combate o en los cerca de 11.000 niños y niñas que han sido vinculados al conflicto por los actores armados", dice Helena Vidal-Folch.

Con todo, la respuesta del gobierno colombiano no ha mejorado la situación. Su negación de la existencia de conflicto, calificando la situación que vive el país como una "guerra contra el terrorismo", no ha hecho más que favorecer que reine la impunidad ante la violación de los derechos humanos.

Por otro lado, lejos de responder a las promesas de cambio que se habían hecho al inicio de la legislatura, entre 2005 y 2009 se autorizaron exportaciones de armas a Colombia por valor de 132 millones de euros. Hasta el momento, se han efectuado ventas por más de 79 millones de euros. "Es importante destacarlo porque son compromisos ya adquiridos y los más de 50 millones de euros restantes se pueden vender en los próximos años", dice Vidal-Folch. A falta de más detalle en la información del informe oficial, no es posible saber el tipo de producto exportado puesto que esta partida puede incluir desde torpedos hasta botes de humo.

Papel clave

Dentro de la Unión Europea, el papel de España es clave en las relaciones con Colombia. Pero en vez de aprovechar su posición para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y el DIH, la ha utilizado para promover el Tratado de Libre Comercio. La firma de este acuerdo ha sido muy criticada por las organizaciones de la sociedad civil porque parece que legitima la crítica situación actual de derechos humanos en Colombia.

"A pesar del peso excepcional que tiene España en el país andino, ha ejercido muy poca influencia para que se cumplan, se respeten y se protejan los derechos humanos y el DIH. Esta política debe dar un completo viraje y hacer que estos derechos sean el vector de sus relaciones bilaterales", concluye la portavoz de Intermón Oxfam.

Para garantizar una protección integral a la población civil afectada por el conflicto, el gobierno español debe tomar las siguientes medidas:

En política exterior:

• Priorizar la defensa y la protección de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario en sus relaciones bilaterales por encima de cualquier otra política o intereses. En Colombia, esta priorización requiere principalmente la exigencia al gobierno colombiano de tolerancia cero contra la violación de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, a través de la efectiva investigación, juicio y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos y del establecimiento de la verdad, justicia y reparación para las víctimas de dichas violaciones.
• Reconocer a través de declaraciones públicas a las víctimas de la violencia sexual derivada del conflicto, la labor de defensores y defensoras de derechos humanos, y en general denunciar la grave crisis de derechos que sufre la población colombiana. Condenar públicamente las violaciones cometidas por parte de todos los actores implicados en el conflicto, especialmente en materia de desplazamientos forzados, violencia sexual, persecución, amenaza y asesinato de defensores y defensoras de derechos humanos; desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias.
• Hacer un uso eficaz del Mecanismo Bilateral de Consulta y Cooperación en materia de derechos humanos del Plan de Asociación Estratégica, de manera que sirva para monitorear la situación de estos derechos y a través del cual se pueda pedir al gobierno colombiano rendición de cuentas.
• Garantizar el control parlamentario del Mecanismo bilateral así como su transparencia y publicidad frente a la sociedad civil colombiana y española.

En economía y comercio:

• Condicionar las relaciones comerciales españolas con Colombia al cumplimiento de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Respecto al aumento de las inversiones españolas en Colombia, se debería velar para que las empresas españolas en Colombia cumplan las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.
• Cumplir con el Código de Conducta de la UE en materia de exportaciones de armas y con la Resolución del Parlamento Europeo sobre el Plan Colombia y el apoyo al proceso de paz en Colombia de 2001

En cooperación:

• Mantener en su política de cooperación la tesis de existencia del conflicto y exigirle al gobierno Colombiano que la acepte. Sólo a partir de este reconocimiento Colombia podrá proteger de forma eficaz a su población.
• Continuar co la tendencia al alza de las partidas de derechos humanos, que se inició en 2008, como reflejo de la cooperación española por esta materia, asegurando que estas partidas contribuyen a la lucha contra la impunidad.
• Asegurar mayor coherencia en el Plan de Actuación Estratégica con Colombia de manera que la asignación de fondos al apoyo y fortalecimiento a las organizaciones de la sociedad civil colombianas que trabajan temas de derechos humanos corresponda con la relevancia que se le da en el marco teórico.

En la Unión Europea:

• Impulsar en el seno de la UE la necesidad de retomar la solución negociada al conflicto armado colombiano y la disposición a ejercer un papel facilitador
• Liderar y promover dentro de la Unión Europea (UE) una declaración pública que reclame al gobierno colombiano garantizar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario como condición indispensable para alcanzar una paz duradera.
• Exigir al Consejo de la UE que las relaciones con Colombia se condicionen al cumplimiento integral de las directrices europeas de derechos humanos en ese país.
• Monitorear permanentemente la cláusula de derechos humanos del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia, y presionar para que la Comisión Europea también lo haga y actúe en consecuencia.

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