TeleSUR, 17 de julio de 2010
Las mil personas que fueron ejecutadas, según cifras de 2009 adelantadas por ONGs, las hicieron pasar por miembros de grupos rebeldes con el objetivo de beneficiarse con las recompensas ofrecidas por la directiva secreta de 2005, que define los criterios de pago como la continuación de labores de inteligencia y planeamiento de operaciones presuntamente para la lucha antisubversiva.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuestionó este viernes al Gobierno de Colombia sobre la vigencia de una directiva secreta de 2005, que ofrecía recompensas a colaboradores de la lucha contra grupos subversivos, que generó las ejecuciones extrajudiciales de al menos mil personas inocentes.
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