NOTICIA "ONG españolas y europeas solicitan un apoyo público de Zapatero a los defensores colombianos"

Madrid, a 25 de noviembre de 2009
 
Empresas españolas podrían beneficiarse de las violaciones de derechos humanos en Colombia
  • Los convocantes reclaman a Zapatero, como próximo presidente de la UE, que impida que las empresas españolas y europeas sean cómplices o promuevan violaciones a los D.H. con un TLC que no garantiza derechos laborales y sí permite las inversiones en tierras obtenidas a través de la violencia.
  • Oidhaco solicita al presidente español que apoye la apertura en la CPI de una investigación en Colombia sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares extraditados a Estados Unidos y las violaciones a las mujeres que están siendo empleadas como arma de guerra.
  •  Justicia por Colombia reclama al Gobierno español que condicione la cooperación española con Colombia al respeto a los derechos humanos.
  • Defensores colombianos piden a Zapatero que exija a Uribe un cambio radical en su política de acoso y derribo contra ellos

En la presentación en Madrid de la campaña internacional para proteger a los defensores de derechos humanos colombianos, las 226 organizaciones internacionales que la han suscrito, y las convocantes al evento en particular, Oidhaco -plataforma europea que agrupa a 35 organizaciones de diez países de la UE-, y Justicia por Colombia -plataforma española de ONGs-, le han solicitado al presidente Zapatero, de cara a la presidencia europea de España en el primer semestre de 2010, suspender la negociación del actual TLC entre Colombia y la UE. "Porque", afirma Emmanuel Raison, portavoz de Oidhaco, "como se están llevando, de forma rápida y casi secreta, los intereses de las empresas españolas y europeas no podrían verse manchados por las violaciones a los D.H. en materia laboral y mediante sus inversiones en tierras obtenidas gracias a la violencia".


Por su parte, Enrique Santiago, portavoz de Justicia por Colombia, pidió al presidente español "que condicione la cooperación española con Colombia al respeto a los derechos humanos y que cese inmediatamente la cooperación militar con ese país". "También", añade Santiago, "buscamos un compromiso de Zapatero para insistir ante el presidente colombiano Álvaro Uribe para que allane el camino para repararar a las víctimas del conflicto y para que se inicien procesos judiciales contra sus victimarios".

En la exposición de razones, Eduardo Carreño, abogado defensor de derechos humanos del Colectivo de Abogados José Alvear Retrepo, describió cómo el organismo máximo de seguridad colombiano, conocido como el DAS, y que está directamente bajo el mando del presidente Álvaro Uribe, "ha perseguido, acosado, espiado y vigilado, a las ONG de derechos humanos, a sus integrantes, e incluso a miembros de la Corte Suprema de Justicia". "Nosotros", subrayó Carreño, "en lugar de estar protegidos por el Estado colombiano, somos tratados como terroristas directamente por el presidente Uribe". "Y cuando descubrimos que el aparato de inteligencia del Estado estaba dedicado a espiar nuestra vida laboral y familiar", continúa, "Uribe, en lugar de condenar y emprender una investigación seria, se ha limitado a decir que su gobierno no tiene ninguna responsabilidad en ello". Denunció también cómo los defensores han sido víctimas de amenazas, atentados, asesinatos y montajes judiciales, "que pretenden acabar con nuestra labor y hasta con nosotros y nuestras familias". Carreño solicitó al presidente Zapatero que su gobierno "apoye públicamente la labor que desempeñamos en Colombia y exija a Álvaro Uribe un cambio radical de su política de acoso y derribo contra nosotros".


Juan Camilo Acevedo, representante de la Corporación colombiana "Reiniciar", entidad que ha llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso único en el mundo de la eliminación física de los militantes del antiguo partido político Unión Patriótica, manifestó su sorpresa ante la actitud de la UE, "que negocia un TLC con Colombia, a pesar de ser el Estado iberoamericano que más viola los derechos humanos". Hizo un llamado al presidente Zapatero para que durante la presidencia de España de la UE, "ejerza presión sobre el gobierno colombiano para que de verdad dirija una política que defienda los intereses de todos los colombianos y no de unos pocos empresarios locales y de las grandes multinacionales que explotan recursos naturales allí".


De otro lado, Oidhaco, entregó las recomendaciones de la campaña internacional "Colombia, Defensores de derechos humanos bajo amenaza" al gobierno español, que incluye entre otras, que el gobierno español apoye públicamente la labor de los defensores colombianos. También solicitan a Zapatero que actúe a favor de la apertura por parte de la CPI de una investigación sobre el uso de la violencia sexual contra las mujeres como arma de guerra y sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por los jefes paramilitares que fueron extraditados a Estados Unidos. Demandan a Zapatero que convenza el gobierno colombiano para que emprenda un proceso de negociación política para acabar con el conflicto armado, porque se ha demostrado que no llegará a su fin por la vía militar.


Justicia por Colombia y Oidhaco, manifestaron que esta campaña internacional para proteger a los defensores de derechos humanos colombianos, que se ha presentado previamente en Londres, Washington y Bogotá, y a la que se han adherido 226 organizaciones de cuatro continentes, ya ha emprendido su labor en la promoción de sus recomendaciones ante los diferentes gobiernos, parlamentos, partidos políticos y organismos internacionales y que están centradas en las siguientes áreas: impunidad en los casos que involucran a los defensores; uso inapropiado de información de inteligencia en su contra; estigmatización de su labor por parte del Estado; investigaciones judiciales sin fundamento contra ellos; y los problemas con el programa del gobierno de protección a los defensores.