El tratado de la CPI (Corte Penal Internacional), contemplado en el Estatuto de Roma, fue firmado por Colombia en agosto de 2002, pero con una moratoria de siete años para juzgar los crímenes de guerra que acaba de vencer. Desde 2002 la CPI puede investigar y juzgar crímenes de lesa humanidad y genocidio en Colombia. A partir de ahora, las desapariciones y desplazamientos forzados, el uso de niños soldados, la tortura, la violencia sexual contra las mujeres, el homicidio y los secuestros, cometidos por grupos armados ilegales y por el ejército, si no son juzgados debidamente por la justicia colombiana, podrán serlo por la CPI.

"Que la CPI tenga potestad para juzgar crímenes de guerra en Colombia, es una esperanza para las víctimas y los defensores de derechos humanos, al tiempo que se convierte en un arma eficaz contra la impunidad", explica el portavoz de Oidhaco, Emmanuel Raison. "También es un elemento disuasivo para los actores armados legales e ilegales, que saben que desde ahora, no sólo el ojo del mundo los estará vigilando, sino que, la impunidad de la que hasta ahora gozaba la mayoría de ellos, puede haber llegado a su fin, porque si la justicia colombiana no los juzga, los juzgará la CPI".

Ante el caso más escandaloso de las más de 2.000 presuntas ejecuciones extrajudiciales realizadas por miembros del ejército colombiano, Raison señala: "Se esperan resultados ejemplares de la justicia en un asunto tan grave, que sancionen no sólo a los ejecutores, sino a quienes desde puestos de mando, ordenaron o permitieron estos crímenes". "Estos resultados no han llegado hasta el momento", añade el portavoz de Oidhaco, "razón por la cual esperamos una pronta acción de la CPI". Lo mismo pasa con crímenes de guerra como la violencia sexual contra mujeres, que es usada como arma de guerra por todas las partes en conflicto y que no ha sido investigada por la justicia colombiana.

Desde 2002, cuando Colombia firmó el Estatuto de Roma, en Colombia ha habido al menos dos millones de desplazados internos debido al conflicto, y se han registrado dentro de este conflicto unos 14.000 homicidios de sindicalistas, indígenas, campesinos, defensores de derechos humanos, líderes políticos de oposición, periodistas y secuestrados, entre otros, realizados en su mayoría por agrupaciones paramilitares de extrema derecha, guerrillas de izquierda y las fuerzas armadas. Oidhaco, ante la grave crisis de derechos humanos que sufre Colombia, hace un llamado a la justicia colombiana para que investigue, juzgue y condene a los autores materiales e intelectuales de estos asesinatos y de las demás violaciones de los derechos humanos que sufre la población civil. De no ser así, subraya su portavoz, "las víctimas podrán encontrar su reparación en la CPI y Colombia, una justicia internacional para frenar este drama humanitario que la aqueja desde hace décadas".