EFE Ginebra, 11 de noviembre de 2009

La Coalición Colombiana contra la Tortura denunció que en Colombia la tortura es generalizada y sistemática, y que la impunidad prevalece frente a la justicia.

"En Colombia la tortura continúa siendo generalizada y sistemática. Es perpetrada por la Fuerza Pública, por los paramilitares y por la guerrilla, pero el principal responsable por estos hechos es el Estado", señaló Isabelle Heyer, representante ante Naciones Unidas de la Comisión Colombiana de Juristas.

Según se recoge en el Informe Alternativo, entre julio del 2003 y junio del 2008 se contabilizaron en el país 337 casos de tortura "el 50 por ciento de los cuales atribuibles a las fuerzas del orden del Estado, y el 42 por ciento a los paramilitares", especificó Heyer.

La activista señaló que en el quinquenio anterior los casos habían sido 187, "por lo que la situación ha empeorado significativamente".

Heyer destacó que uno de las prácticas que más se ha extendido es la violencia sexual contra mujeres y niñas "una práctica habitual, sistemática e invisible, que en la mayoría de los casos queda en la impunidad y cuyos principales responsables son los militares y policías".

"En relación a la impunidad, estamos peor que hace dos años", agregó.

Una posición con la que está de acuerdo Jahel Quiroga, directora de la Corporación Reiniciar y miembro de la Ejecutiva de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT).

"Nosotros, en Colombia, hace 40 años que estamos en guerra y que la padecemos. Pero nunca un periodo había sido tan dramático como el que estamos viviendo ahora, con la desmovilización de los paramilitares, responsables de miles de crímenes que están quedando impunes", afirmó Quiroga.

Esta activista se refirió a la ley Justicia y Paz que establece la desmovilización individual o colectiva de los miembros de los grupos armados ilegales.

"Según el Gobierno, 31.000 paramilitares se desmovilizaron, pero sólo los que tenían un proceso abierto debían declarar. Pero 19.000 de ellos, no tenían procesos abiertos, con lo que se han ido en la total impunidad. Del resto, gracias la reforma del principio de oportunidad, sólo han declarado 600, que han confesado los peores crímenes que uno podría imaginar", aseguró Quiroga, quien agregó:

"Y para acabar de completar, 18 de los máximos criminales fueron extraditados a Estados Unidos con cargos por narcotráfico, no por delitos de lesa humanidad. Con lo que podrán beneficiarse de programas de testigos e incluso cambiar de identidad, y las víctimas se quedarán sin el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación".

Precisamente, otra de las acusaciones de las ONG es la supuesta incapacidad del gobierno colombiano de otorgar justicia y una reparación justa a las víctimas.

Según denunciaron, el gobierno otorgará a 7.500 dólares a los torturados y 10.000 dólares a los familiares de los asesinados "y en cuotas de hasta diez años", explicitó Quiroga.

Por su parte, Agustín Jiménez, presidente de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP), se refirió al supuesto acoso que la Corte Suprema de Colombia está padeciendo por parte del Ejecutivo del presidente del país, Alvaro Uribe, y pidió ayuda a la Corte Penal Internacional.

"Varias ONG esperamos desde hace tres años que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, responda a nuestras demandas y decida abrir un proceso de investigación sobre Colombia, tras constatar que el poder jurídico está amenazado y no puede actuar con libertad e independencia. EFE

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