Bogotá, 2 de noviembre de 2009, Prensa Latina

Tras una moratoria de siete años, la CPI tiene desde la víspera licencia para entrar a investigar los crímenes de guerra que se cometan en el territorio nacional por los diferentes actores involucrados en el conflicto, incluido los presidentes.

La intervención de ese tribunal especial estará sujeto a la acción de la justicia colombiana, es decir, cuando esta sea ineficaz para perseguir y castigar los crímenes de guerra.

Para Iván Cepeda, del Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado, la competencia de la Corte es un fuerte mensaje a los altos dirigentes del país que pueden ser responsables de crímenes de lesa humanidad, como también para los líderes de los diferentes grupos armados ilegales.

A su vez, apuntó que para las víctimas del conflicto es un mensaje de esperanza porque se amplía la posibilidad de que un tribunal internacional pueda, en caso de no ocurrir en Colombia con la jurisdicción penal nacional, llevar a la justicia a los máximos responsables de esos crímenes.

En tanto, el gobierno señaló que no hay razón para que la CPI inicie investigaciones en el país, porque los acusados son procesados por la justicia nacional.

En ese sentido, el embajador colombiano ante ese organismo, Francisco Lloreda, sostuvo ese criterio, tras indicar que lo que sucede en su país no es comparable con otras naciones, como Uganda, Sudán, República Democrática del Congo y la República Centroafricana, en los que ese tribunal ya intervino.

No obstante, la parlamentaria del oficialista Partido la U Lucero Cortés impulsa en el Congreso un proyecto de ley que buscar blindar a los uniformados que sean denunciados ante la Corte, toda vez que la Fuerza Pública ha sido responsable de varios crímenes de lesa humanidad.

Según Cortés, dicha iniciativa no busca generar impunidad, sino que lo militares cuenten con el derecho básico a la defensa.

Lo cierto es que el mayor número de homicidios de civiles al año en Colombia no es obra de las guerrillas, sino del ejército y de grupos paramilitares, bajo la complicidad de numerosos políticos identificados con el actual gobierno.

Asimismo, una gran mayoría de los más de cuatro millones de desplazados internos fue expulsada de sus lugares de origen por la violencia paramilitar, con el consiguiente despojo de incalculables hectáreas de tierras.