En abril de 2009 nos enteramos de que en los últimos siete años, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, de manera sistemática y sin orden legal, interceptan los teléfonos y correos electrónicos de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, de periodistas y hasta de jueces de la Suprema Corte. Directivos del DAS están acusados de colaborar con los paramilitares; de restringir las misiones internacionales de derechos humanos que visitan Colombia, de amenazar, neutralizar y restringir la labor de los defensores o de llevar juicios sin fundamento en contra de ellos.

Las autoridades colombianas han señalado y perseguido la labor legítima de defensa de los derechos humanos, llamando a los defensores una amenaza para la 'seguridad democrática'. Las autoridades han desacreditado públicamente el buen nombre y la labor de los defensores, acusándolos de tener vínculos con grupos guerrilleros o estar motivados por sus fines políticos. También han promovido infundadas acusaciones penales contra ellos, a menudo basadas en información falsa de desmovilizados, de los archivos de inteligencia militar y policial.

En el contexto de un conflicto armado, esto no sólo ha dado lugar a una mayor estigmatización de las organizaciones sociales y no gubernamentales, también ha generado un ambiente de hostilidad caracterizado por oleadas de asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual, amenazas de muerte, asaltos y el robo de información confidencial. Los responsables de violaciones contra los defensores casi nunca son castigados y la impunidad sigue siendo la norma.

En respuesta a estas continuas y crecientes amenazas, organizaciones de derechos humanos colombianas e internacionales, iniciamos una lluvia de ideas sobre cómo podríamos coordinar acciones para ejercer una mayor presión sobre el gobierno colombiano. Así, identificamos la necesidad de crear una campaña nacional e internacional, que en el corto plazo logre un cambio positivo y significativo para los defensores de derechos humanos en Colombia.

A nivel nacional, el objetivo de la campaña es elevar el respaldo de la opinión pública a la labor legítima y legal de defensa de los derechos humanos. Esto se hará a través de:

• La promoción de la defensa de los derechos humanos y la paz como un valor esencial de cada persona, en cualquier lugar, tiempo o situación.
• El reconocimiento de los defensores/as como personas que defienden la dignidad humana, la vida y no como contradictores políticos del gobierno.
• 
  Los apoyos de sectores clave de la población que exigirán al Estado y gobierno colombiano políticas públicas efectivas de garantía y protección para los defensores/as.

En el plano internacional, las redes, plataformas por Colombia y organizaciones de cooperación, promoverán las recomendaciones clave de Campaña en todas las acciones de cabildeo que adelanten ante sus gobiernos, parlamentos, partidos políticos y empresas.

Pensamos que al estar unidas las estrategias nacional e internacional, podremos lograr mejoras importantes en el entorno de trabajo y la seguridad física de los defensores de derechos humanos en Colombia.

La campaña se centrará en cinco áreas clave:

• El problema de la Impunidad en los casos que involucran a defensores.
• 
  El uso inapropiado de información de inteligencia en contra de defensores.
• 
  La estigmatización sistemática por parte del Estado en contra de los defensores
• 
  Las investigaciones judiciales sin fundamento en contra de defensores.
• 
  Los problemas con el programa de protección a los defensores.

La campaña será lanzada oficialmente en Colombia el 9 de septiembre, coincidiendo con la visita del Relator Especial de la ONU en Colombia, y eventos de promoción, se organizará en 2009 y 2010, en diferentes momentos en los EE.UU., Europa y otros lugares.