INFORME "Graves ataques a la labor de las y los defensores de derechos humanos en Colombia"

Informe sometido a la Relatora de Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos en el marco de su visita a Colombia (7-18 de septiembre de 2009)

Las cuatro plataformas de derechos humanos y paz de Colombia (Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos; Alianza de Organizaciones Sociales; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo  Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz) presentar este informe en el que exponen los principales patrones de violaciones actuales en contra de las y los defensores de derechos humanos en Colombia.

 

 Descargar aquí informe completo o en la página web http://ddhhcolombia.org.co/

 

Introducción

"En el mes de abril del año 2002 en su informe a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones sobre su visita a Colombia, la Representante Especial del Secretario General sobre los defensores de los derechos humanos, la Señora Hina Jilani, expresó que "ve con profunda preocupación el ambiente de intimidación e inseguridad en el cual los defensores de los derechos humanos desempeñan su trabajo". Como resultado de su visita al país en Octubre del 2001, la Represente Especial constató que "observa que existe un patrón de abusos graves que han sido cometidos contra los defensores de los derechos humanos, que incluyen amenazas, desapariciones forzadas, homicidios y desplazamiento forzoso. Asimismo, observa que todos los sectores de la sociedad civil se ven afectados por la violencia, incluyendo los funcionarios del Estado que trabajan en temas de derechos humanos. Algunos grupos, tales como los dirigentes sindicales, las minorías étnicas, los desplazados internos y las mujeres, se han visto más afectados que otros. En vista del incremento de los ataques violentos perpetrados en su contra, la Representante Especial se encuentra seriamente preocupada por la seguridad de los dirigentes sindicales e indígenas".

Ocho año después de su visita, estos abusos graves o patrones no sólo no han cesado, sino que se han recrudecido, lo cual muestra que las recomendaciones formuladas por la Sra. Hina Jilani hace más de siete años no solamente no han sido implementadas sino que el Gobierno ha actuado en contra de las mismas. Aunque la Sra. Jilani manifiesta que, en ese momento, las principales violaciones a los derechos de los defensores de derechos humanos provenían de la actuación de los grupos paramilitares, pudo también constatar que "... ve con preocupación algunos de los métodos empleados por la Policía y el Ejército en contra de los defensores de los derechos humanos, particularmente por los archivos de inteligencia que mantienen estas fuerzas, los cuales contienen información falsa acerca de dichos defensores y por la interceptación de las líneas telefónicas de las organizaciones no gubernamentales. También condena la inquietante tendencia de los funcionarios del Estado y los oficiales del Ejército de violar la Directiva Presidencial 07, mediante el empleo de una retórica irresponsable en contra de los defensores de los derechos humanos,  quienes acusan con frecuencia de ser colaboradores de la guerrilla". A comienzos del año 2009 se ha conocido que, desde el año 2004, poco tiempo después de que la Representante Especial del Secretario General hiciera públicas sus denuncias sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia, un grupo especial de inteligencia estratégica (llamado "G3") cuya creación no tiene ningún fundamento jurídico, ha operado dentro de la Oficina de Inteligencia DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) fue depende directamente del Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez.

Se conoce que el G3 inició la más gigantesca operación de espionaje ilegal y de seguimientos detallados y meticulosos a la labor de los defensores de erechos humanos y a sus organizaciones que se haya tenido conocimiento en la historia del país. Algunos de los usos que se le ha dado a la información ecogida de manera ilegal han sido la entrega de listas a grupos paramilitares de sindicalistas y defensores de derechos humanos que debían ser asesinados, y que efectivamente lo fueron3-, y operaciones de "inteligencia ofensiva" consistentes en llevar a la práctica diferentes ataques, montajes, amenazas de uerte y repetidas y continuadas violaciones a los derechos de los defensores de derechos humanos y sus familiares cercanos, incluidos los hijos menores de edad, configurando una situación de ataques generalizados y sistemáticos a la labor de defensa de los derechos humanos" (...)