25 enero 2012.- La Oficina Internacional Derechos Humanos-Acción Colombia- (OIDHACO), llama a la Unión Europea a que pida al gobierno de Colombia que retire la ampliación del fuero militar de la reforma a la justicia que está en marcha. OIDHACO advierte que esta ampliación del fuero es una amenaza para la lucha contra la impunidad, y recuerda que la justicia ordinaria ha abierto investigaciones por más de 2.000 casos de ejecuciones extrajudiciales, algunos de los cuales habían sido archivados por la justicia penal militar.
El siguiente es el texto completo del comunicado:
Bruselas, 25 de enero de 2012. El nivel de impunidad en Colombia sigue siendo dramáticamente elevado; en muchos casos alcanza el 98%. Frente a ello el Estado colombiano debería tomar medidas contundentes. Pero allí sucede todo lo contrario. Oidhaco ve con mucha preocupación la iniciativa legislativa promovida por el gobierno colombiano para la ampliación del fuero militar. Esta reforma propone que "en todo caso, se presume la relación con el servicio en las operaciones y procedimientos de la Fuerza Pública". Bajo este argumento defiende que sea la justicia penal militar la que conozca primero todas las denuncias contra la fuerza pública. Numerosos miembros del ejército están siendo investigados por graves violaciones a los DDHH y parece existir una presión por parte de los militares para este cambio legislativo. Las víctimas, de convertirse en ley esta propuesta del Gobierno de Santos, no encontrarán ni justicia ni reparación.
La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los DDHH - OACNUDH, ante esta propuesta legislativa, ha afirmado que su aprobación representaría un "retroceso histórico" en Colombia. Oidhaco se suma a esta afirmación porque "la historia colombiana, así como la de América Latina, nos ha enseñado que la justicia penal militar es una herramienta para encubrir crímenes de lesa humanidad y violaciones a los DDHH", afirma Vincent Vallies, portavoz de esta organización con sede en Bruselas.
Oidhaco subraya que este debate se realiza precisamente cuando se están desarrollando juicios desde la justicia ordinaria por más de 2.000 ejecuciones extrajudiciales contra miembros del ejército, muchos de los cuales habían sido cerrados por representantes de la justicia militar. Efectivamente, como lo advierte Christian Salazar Volkmann, director saliente de la OACNUDH "dejar la revisión de posibles violaciones de DDH y del DIH primero en manos de una institución militar podría abrir de nuevo la puerta a toda clase de manipulaciones".
"Es una contradicción que Santos hable de viraje en su gobierno para garantizar el respeto a los DDHH y presente este iniciativa que claramente va en contra de las víctimas de las fuerzas militares. La lucha contra la impunidad es un imperativo para garantizar la no repetición de los crímenes hasta ahora realizados", destaca el portavoz de Oidhaco.
Por tanto, nuestra organización le solicita a la UE que en los próximos diálogos que tendrá con Colombia en DDHH, demuestre firmeza ante este tema: le solicitamos que pida a Colombia retirar de la reforma a la justicia la ampliación de fuero militar, porque este país debe respetar los estándares internacionales y adoptar medidas para asegurar que la justicia penal militar no alegue jurisdicción en casos de violaciones a los derechos humanos que involucran a miembros de las fuerzas de seguridad. "Desde Oidhaco no hemos visto ni avances ni muestras reales de voluntad del gobierno colombiano en la lucha contra la impunidad", afirma Vincent Vallies, portavoz de esta organización con sede en Bruselas.