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Ante la visita a España del presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, quien va a reunirse con el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y va a recibir en Madrid el recién inaugurado premio de las Cortes de Cádiz "por su labor de profundización, difusión y extensión de la Libertad y por su lucha contra el terrorismo".
La Plataforma Justicia por Colombia rechaza la concesión de este premio, como ya han hecho otras 150 organizaciones sociales y centenares de personas. Creemos que es absolutamente preocupante que se conceda un premio de esta naturaleza al presidente de un Gobierno que está siendo investigado por sus nexos evidentes con el paramilitarismo y con crímenes de lesa humanidad, y cuando la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha procesado a un gran número de senadores vinculados a la coalición del gobierno y a miembros destacados de organismos del Estado por representar, haber recibido financiación y colaborar expresamente con la actividad criminal de los paramilitares (...)
Con este galardón a Álvaro Uribe se está premiando una trayectoria y una forma de gobierno que constantemente se mueve en los márgenes del respeto a los derechos humanos, a una política social inexistente y, en definitiva, a un concepto de democracia sin contenido real alguno para los sectores sociales más excluídos. En definitiva, a un proceder político que no alcanza más allá de la caricatura de la libertad.
El pasado 22 de abril el confeso narcotraficante y jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias "Don Berna", declaró que las Autodefensas Unidas de Colombia (escuadrones de la muerte) contribuyeron económica y políticamente en el 2001 a la campaña del entonces candidato Álvaro Uribe Vélez, elegido a la postre Presidente de la República.
En Colombia son asesinados miles de campesinos, indígenas, sindicalistas y activistas de derechos humanos y sociales con absoluta impunidad. Desde 1991 se han documentado 2.245 asesinatos, 3.400 amenazas de muerte y 138 desapariciones forzadas de sindicalistas. El martes 21 de abril mataron a Ana Isabel Gómez, acribillada frente a su hija adolescente en el municipio de Los Córdobas (norte de Colombia). Era la presidenta de la junta de desplazados de la localidad y miembro del Comité de Familiares de Víctimas de la Violencia, que agrupa en Córdoba a miles de personas que buscan verdad, justicia y reparación, para las victimas del terrorismo de estado. Al día siguiente era asesinado el dirigente social Edgar Martínez, en el municipio de San Pablo, Sur del departamento de Bolívar. Era miembro de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar y Presidente de la Asociación de Integración de Comunidades Agromineras. Son sólo dos ejemplos recientes de los crímenes que sufren los opositores de las políticas gubernamentales en Colombia todos los días, y que quedan en la más absoluta impunidad. Manifestamos nuestra preocupación por la ambigüedad del Gobierno del Estado Español y de los demás Estados de la Unión Europea ante el conflicto colombiano, por eso demandamos acciones claras y en la vía de apoyar la salida política y negociada del conflicto armado.
Por todo esto exigimos...
Al gobierno del Estado español:
A todos los gobiernos de la Unión Europea
PLATAFORMA JUSTICIA POR COLOMBIA
ASOC-KATIO
MOVICE CAPÍTULO ESPAÑA
ASIPAZCOL
COLREFE
COLICHE
COMITE OSCAR ROMERO CADIZ
COMITE OSCAR ROMERO SEVILLA
COORDINADORA OSCAR ROMERO
CASA PUEBLOS
XXI SOLIDARIOS
SODEPAZ VALLADOLID
IZQUIERDA UNIDA
COLOMBIANOS Y COLOMBIANAS POR LA PAZ
MOVICE CAPITULO ESPAÑA
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
INICIATIVAS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
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