| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
COMUNICADO: “Santos debe evitar que las víctimas de los actuales paramilitares sean excluidas de la Ley de Víctimas”
Oidhaco, 12 de mayo de 2011
La Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia –Oidhaco ve como un acierto que el presidente colombiano Juan Manuel Santos haya econocido la existencia del conflicto armado interno en Colombia, tras ocho años de su negación por parte de la administración de Álvaro Uribe. “Vemos como muy positivo este reconocimiento, principalmente porque puede permitir abrir una ventana para buscar pasos hacia una solución negociada del conflicto que sigue cobrando vidas civiles tal como es el caso de los cinco afrocolombianos asesinados por las FARC en el Bajo Naya -provincia del Caucaeste siete de mayo, según las denuncias de las organizaciones de derechos humanos”, afirma Vincent Vallies, portavoz de esta organización con sede en Bruselas.
Precisamente Oidhaco había expresado sus preocupaciones frente al Consejo de DDHH de la ONU, el 23 de marzo de este año, sobre la ausencia de la mención al conflicto armado en los documentos y discursos oficiales. “Tras este reconocimiento” añade Vallies, “es necesario que el Gobierno colombiano reconozca a las víctimas de los grupos paramilitares como víctimas de este conflicto, y que no permita que sean excluidas de la Ley de Víctimas que se tramita en el Congreso colombiano, para ser consideradas como meras víctimas de bandas criminales. Si fuesen excluidas, el reconocimiento del conflicto armado habrá sido un paso adelante para la búsqueda de solución al conflicto y un salto atrás para miles de víctimas actuales y por venir”.
Para Oidhaco los nuevos grupos paramilitares de extrema derecha no son delincuentes comunes integrantes de bandas criminales. Estas agrupaciones están conformadas por al menos 4.500 miembros de las organizaciones paramilitares que se acogieron al llamado proceso de paz adelantado por Álvaro Uribe, tal como lo ha manifestado la OEA. “Estas víctimas han sido perseguidas, amenazadas, desplazadas y en algunos casos asesinadas por luchar por sus derechos, como es el caso de los líderes que están al frente de los procesos de restitución de tierras, expulsados de sus propiedades a través de la violencia ejercida en su mayor parte por los paramilitares de extrema derecha y, en no pocos casos, en connivencia con las fuerzas militares”.
Oidhaco –integrada por 32 organizaciones de 10 países europeos-, ve con preocupación las declaraciones realizadas y publicadas en la revista colombiana Semana, por el comandante del Ejército, general Alejandro Navas en presencia del presidente Santos, que las realizó para respaldar la aceptación de la existencia del conflicto armado. Según esa publicación, el general comentó que, “hoy mis hombres [antes de dicho reconocimiento], actúan bajo la amenaza de los organismos de control por el tema de los derechos humanos. Ellos saben que van a realizar una operación y pueden terminar en la cárcel”. En cualquier país que se considera un Estado Derecho, las fuerzas de seguridad no pueden ver a los organismos de control como una “amenaza”. “Estos organismos deben ser reconocidos y avalados por las máximas autoridades para asegurar su independencia y su capacidad a controlar y sancionar a los funcionarios públicos que infringen la ley” anota el portavoz de Oidhaco. “Es necesario en ese sentido subrayar que en Colombia los militares que están en las cárceles no están allí por operativos contra grupos armados ilegales sino que están presos por violaciones flagrantes al Derecho Internacional Humanitario, a los Derechos Humanos y a las leyes colombianas”, precisa Vallies y añade: “Están en la cárcel porque han sido encontrados responsables de crímenes, entre ellos, a manera de ejemplo, los asesinatos de miles de jóvenes, que posteriormente intentaron presentar como guerrilleros caídos en combate con el único fin de mostrar resultados y beneficiarse de recompensas ofrecidas por el mismo ejército”.
Vallies, insiste en que el reconocimiento del conflicto armado es un hecho políticamente necesario y positivo que no puede ser utilizado ni para excluir a víctimas ni para excusar violaciones a la ley por parte de las fuerzas militares colombianas. Tal como lo menciona la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia; el Derecho Internacional Humanitario se aplica en Colombia independientemente de las declaraciones políticas. Vallies destaca que, “sigue aplicándose igualmente el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
Bookmark/Search this post with:
