NOTICIA: "200 organizaciones contra el TLC entre la UE, Colombia y Perú"

Alberto Arce, 1 DE ABRIL DE 2011

Un informe del Transnational Institute reclama que no se firme un Tratado de Libre Comercio en el que los derechos humanos se antepongan a los intereses comerciales. Considera que de firmarse "recompensarán a un gobierno colombiano que es responsable del mayor nivel de asesinatos de sindicalistas en todo el mundo, así como de desapariciones de personas y desplazamientos forzados de población".

La visita del sindicalista colombiano Diógenes Orjuela a España, responsable de Relaciones Internacionales de la Central Unitaria de Trabajadores colombianos (CUT), se contextualiza en el marco de una ronda de contactos de organizaciones de la sociedad civil con responsables políticos españoles. Su discurso se centra en reclamar que "los derechos humanos se pongan por encima de los intereses económicos y comerciales", título de un informe realizado por el Transnational Institute con el apoyo de decenas de organizaciones de la sociedad civil que tiene como objetivo final incidir en la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la Unión Europea (UE) Colombia y Perú; un acuerdo que el Presidente de Colombia, Manuel Santos, defenderá en España a mediados de Abril. A Iván Forero de Justicia por Colombia le parece "grave que a la sociedad española se la excluya del debate alrededor de la firma de un Tratado de este tipo con Colombia".

"El gobierno colombiano ha olvidado el concepto de soberanía nacional y su clase empresarial prefiere ser accionista minoritaria de empresas transnacionales que defender la existencia de un tejido económico propio". Diógenes Orjuela, de visita hasta ayer en Madrid y Barcelona, denuncia que en Colombia "desde la educación primaria hasta las carreteras y aeropuertos, pasando por la minería, casi todos los recursos del país han sido privatizados y entregados al exterior sin la menor preocupación por las consecuencias de dichas políticas sobre la población".

Orjuela, no sólo critica los hechos, también arremete contra el contexto político y la presión internacional que, en su opinión, permite que esto suceda. "El mensaje del gobierno colombiano a las empresas extranjeras sería: vengan aquí, este es su país, un lugar donde podemos firmarles acuerdos de seguridad jurídica que les garanticen, por ejemplo, que en los próximos 20 años no se verán modificadas sus obligaciones tributarias".

El informe del Transnational Institute muestra su preocupación por la campaña de "lavado de cara" del gobierno colombiano desde que Manuel Santos es Presidente y recuerda que, según datos de la Confederación Sindical Internacional, Colombia es "el país más peligroso del mundo para los sindicalistas" añadiendo que a lo largo de los últimos 23 años se ha asesinado a un sindicalista en el país cada 23 días. Sólo en 2010, 40 sindicalistas han sido asesinados, como explica la revista colombiana Tiempo.

El acuerdo comercial con la Unión Europea podría ser entendido como una sanción favorable desde Europa a un Estado que además ostenta también una triste y altísima posición en el ranking mundial de personas desplazadas por la violencia. Según el organismo colombiano CODHES, 4,9 millones de colombianos (alrededor del 10% de la población) han abandonado sus hogares. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados registró 740.000 desplazados solo entre 2007 y 2009.

Aura Rodríguez, que viaja junto a Orjuela y Forero, y es miembro de la Corporación por los Derechos Humanos en Colombia "Cactus" explica -indignada- que tras horas de reuniones con representantes del ministerio de Asuntos Exteriores español, el mensaje transmitido a los activistas es de tranquilidad por parte de las autoridades "Si España hubiera detectado algún síntoma de violaciones masivas de los Derechos Humanos en Colombia no estaría a favor de que se firmase el Tratado de Libre Comercio con Colombia y Perú
La visión del gobierno es, por tanto, radicalmente opuesta a la de la sociedad civil que considera que "la situación en Colombia es de violación sistemática de los Derechos Humanos en forma de crímenes contra la humanidad". Aura insiste en que la "situación en Colombia es de conflicto armado interno. Los actores armados, especialmente los paramilitares, cambian constantemente de forma y maneras de actuar, pero no desaparecen" al tiempo que denuncia cómo en muchas ocasiones esos actores armados actúan de manera coordinada con los terratenientes y empresas multinacionales instaladas en el país. Empresas que se verán beneficiadas por la firma del acuerdo comercial con Europa. "Si se cruzan los mapas de poblaciones indígenas, los de recursos naturales y los de desplazamiento de población debido a la violencia de los grupos armados se verá que coinciden. No tenemos ninguna duda de que las inversiones extranjeras en materia energética influyen de una manera importante en esta realidad de violencia generalizada en nuestro país".

Es también muy crítica con la tesis de que el gobierno actual supone alguna diferencia con el de Álvaro Uribe y recuerda que, además, el actual Presidente fue ministro de Defensa del anterior "para no encontrarnos ante un problema de derechos humanos: 45 senadores y congresistas están encarcelados por causas relacionadas con la parapolítica".

Cuando se esgrime el argumento de que los acuerdos comerciales con la Unión Europea incluyen una "cláusula democrática", que permitiría incluso suspender el acuerdo de no cumplirse los estándares internacionales de derechos humanos además de que se llevará a cabo un control exhaustivo constante de la situación de los mismos en el país, Aura llega al enfado y se pregunta por qué Europa no cumple sus propios estándares. "Colombia es el país más monitoreado del mundo e incluso la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos está financiada por España y emite informes absolutamente preocupantes cada año. ¿Por qué no le hacen caso?".

El Tratado de Libre Comercio que la Unión Europea y los gobiernos de Perú y Colombia quieren firmar viene condicionado por el fracaso previo de las negociaciones de integración comercial entre Europa y la Comunidad andina de Naciones (formada por Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador). Bolivia y Ecuador decidieron retirarse del mismo, dejando solos a Perú y Colombia en un sistema de negociaciones bilaterales con Europa e introduciendo una cláusula que obligaría a los primeros a asumir el contenido del acuerdo actual si quisieran negociar su integración futura.

Se acusa, por tanto, a la Unión Europea de hacer oídos sordos a las violaciones de derechos humanos y contribuir, paralelamente, a generar divisiones entre vecinos, socavando el proceso de integración regional en curso. La ronda negociadora finalizó en marzo de 2010 y su ratificación en el Consejo y en el Parlamento Europeo, que comienza este mes de abril, finalizará en 2012. Existe el riesgo, siempre según el informe del Transnational Institute, de que la Comisión Europea proponga una aplicación temporal del mismo hasta su ratificación.

Diógenes Orjuela se expresa con rotundidad. "Nuestra batalla es que ese Tratado de Libre Comercio no se ratifique o que, en todo caso, sea declarado como acuerdo mixto y deba pasar, por tanto, antes de su aprobación, por un debate en los 27 parlamentos nacionales, un debate que debería ser abierto a la sociedad civil".

Un acuerdo mixto es aquel que toca temas que no son competencia exclusiva de la política comercial comunitaria y penetran en el ámbito de las competencias que son exclusivas de los Estados. Según el borrador del Acuerdo, al que han tenido acceso los investigadores del Transnational Institute, éste toca cuestiones relativas al desarme y la no proliferación de armas de destrucción masiva, a cuestiones medioambientales y a la llamada "cláusula democrática", que condicionaría su continuidad respeto de los estándares internacionales de derechos humanos.

Iván Forero explica que, tras las reuniones mantenidas por las organizaciones de la sociedad civil con políticos españoles, las posiciones españolas no pueden ser calificadas más que como "muy graves", a lo que añade: "algún diputado del que prefiero no citar su nombre me ha manifestado que de abrirse el debate a los parlamentos estatales, el Tratado nunca se aprobaría" al tiempo que otros piensan que "tras la llegada de Santos a la Presidencia de Colombia, se ha acabado el momento de hablar de derechos humanos respecto a ese país".

El planteamiento de Orjuela y las organizaciones que le apoyan, entre las que se encuentran ATTAC, Ecologistas en acción o ACSUR, de una larguísima lista de firmantes, contrario al TLC no es utópico. Creen que se puede evitar la ratificación del Acuerdo. Su experiencia así lo demuestra.

En su día y "para evitar que Colombia desaparezca como país", según Orjuela, las organizaciones colombianas que se oponen a los Tratados de Libre Comercio ya consiguieron que el Congreso norteamericano parase la firma de un acuerdo similar entre Estados Unidos y Colombia. Movimiento que reafirmó, una vez más, lo que Alfredo García, responsable de sensibilización e incidencia política de ACSUR califica como "el gran peso de las organizaciones del norte en la paralización de unos acuerdos, que no sólo perjudican a los países del sur, sino también a nosotros" antes de añadir que "estos acuerdos están siendo firmados en nuestro nombre y España juega un papel fundamental para que se firmen en detrimento directo de los derechos humanos de nuestros compañeros colombianos".

Orjuela conoce la clave de la paralización de los acuerdos con Estados Unidos y trata de replicar aquí su exitosa experiencia norteamericana. "El secreto de la paralización del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es el papel jugado por la central sindical mayoritaria en el país, AFL-CIO, que continúa teniendo una gran capacidad de influencia en el Partido Demócrata. Me invitaron un mes al país y de su mano comprendí cómo las organizaciones sindicales aún tienen la puerta abierta en los centros de decisión política. Puerta a puerta, nos reunimos con congresistas y senadores, dimos ruedas de prensa y entrevistas y logramos convencerles, uno a uno, de que la firma del Tratado de Libre Comercio ponía en peligro los derechos humanos y no contribuía al desarrollo de Colombia.

Pero en Europa la situación es muy diferente, explica. "Cuando tratamos de generar alianzas entre los sindicatos europeos nos vemos con una amplitud y una fragmentación que superan nuestra capacidad de trabajo. Se trata de unas 60 centrales sindicales en 27 países diferentes. El trabajo de incidencia política es mucho más complejo y caro en Europa que en Estados Unidos".

La denuncia principal de sindicalistas y organizaciones sociales se dirige contra nuestros políticos. "Se nota un compromiso previo entre las compañías multinacionales y los parlamentarios españoles que se han reunido con nosotros. Los políticos españoles no están interesados en la interpretación del acuerdo mixto, ya que en ningún momento ocultan que a España le interesa particularmente la firma del Tratado tal y como está. Su labor incluye evitar que tenga lugar un debate público en Europa sobre las consecuencias del mismo".

Su demanda se dirige hacia la sociedad civil española: "que nos acompañe en el camino conducente a que este tratado no sea ratificado en su redacción actual. Que se ejerza presión para que sea declarado mixto y tenga lugar, por tanto, un debate parlamentario en el que los gobiernos se ven a obligados a explicarle sus consecuencias a la ciudadanía".