NOTICIA "Codhes denuncia impunidad en Ley de Justicia y Paz"

21 de febrero de 2011
 
"El marco de impunidad de la Ley de Justicia y Paz se pondrá en evidencia en un año, cuando varios paramilitares vinculados dentro de procesos judiciales empiecen a salir de las cárceles por pena cumplida". Con esta afirmación, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) advirtió el riesgo de la lentitud en que se lleva a cabo el cumplimiento de dicha norma desde su entrada en vigencia en 2005.

Esto, toda vez que en 2012 empiezan a cumplirse los 8 años de pena alternativa que contempla la ley para aquellos desmovilizados que cumplan cabalmente el proceso de verdad, justicia y reparación. Además, hasta el momento sólo se han proferido dos sentencias que fueron apeladas ante la Corte Suprema de Justicia, por lo que ninguna está en firme.

Lo que le preocupa a Codhes es que una vez en libertad los desmovilizados, sea aún más difícil para las autoridades hacer que éstos cumplan con en verdad con la reparación de sus víctimas, ya que se tiene el riesgo de que estas personas ‘se pierdan'. Ante ese temor Codhes le pidió que los desmovilizados que no estén cumpliendo con requisitos como la reparación a sus víctimas y/o la entrega de tierras, sean excluidos de una vez por todas de dichos beneficios.

Hasta el momento, según la ONG, 1.106 postulados a la norma están en la etapa de versión libre, 1.325 han dejado de ser postulados por diferentes razones y 1.932 todavía no han sido llamados para empezar sus versiones libres.

De los postulados, "169 han reestablecido mediante declaración pública la dignidad de las víctimas, 654 han pedido perdón, 525 han manifestado públicamente su arrepentimiento y 568 se han comprometido con las garantías de no repetición", afirma la ONG.

En esas versiones libres se habían enunciado, a 30 de noviembre de 2010, 49.940 delitos de los cuáles 28.558 fueron por confesión. Sobresalen que de estos ilícitos 44.377 correspondientes a homicidios y 9.431 a desplazamientos forzados.

¿Dónde están los desmovilizados?

Un tema a parte al que hizo referencia Codhes estuvo relacionado con los denominados desmovilizados rasos, quienes no están compareciendo ante la justicia. En estos casos dicha circunstancia se ha dado por cuanto los delitos que se les imputan sólo son el de pertenencia a grupos ilegales (concierto para delinquir, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícitas de equipos transmisores o receptores y porte ilegal de armas o municiones de uso privativo de las fuerzas armadas con ocasión de su pertenencia al grupo armado ilegal).

Para ellos, sólo hasta diciembre pasado se promulgó la ley 1424 que los obliga a participar en los programas de Reintegración del Gobierno so pena de ir a la cárcel y perder su libertad. Lo que no está claro es de cuántos desmovilizados se está hablando y en dónde están.

Para Codhes, se trata de unas 19 mil personas. "¿Lleva la Fiscalía un registro? ¿Hay una cifra exacta de cuántos no ha cometido graves crímenes?: no se sabe, o por lo menos sólo se conoce que no tienen antecedentes legales, pero eso no quiere decir que no hayan cometido delitos graves", afirma la ONG.

De acuerdo con el II Informe Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) 6 mil desmovilizados de todos los grupos armados reincidieron entre 2003 y 2006 en la comisión de delitos.

Bacrim: una reedición del paramilitarismo

Para Codhes las denominadas bandas criminales - Bacrim - son simplemente la presencia paramilitar a pesar de la desmovilización. ¿Quién provee de inteligencia a las Bacrim? ¿De dónde sacan los listados de más de 120 líderes sociales y sus familias, amenazados? A nosotros nos parece que una banda criminal no tiene esos niveles de inteligencia", aseguró el presidente de Codhes, Jorge Rojas.

Rojas recordó además que el Gobierno hizo público en días pasados el riesgo electoral que había en 67 municipios por culpa de los grupos ilegales, entre los cuales hay 32 por causa de las bandas criminales. "Si el gobierno considera que esas bandas criminales así llamadas están interviniendo en procesos políticos entonces estamos ante una reedición del paramilitarismo con nuevos nombres pero en esencia sigue siendo una terrible realidad", precisó.

En términos de Rojas las Bacrim hacen lo mismo que hacían las Auc en materia que quitar tierra a campesinos, imponer candidatos, asegurar la operación de grupos narcotraficantes y cuidar a fincas de grandes ganaderos. La diferencia sería que antes había un jefe reconocido y ahora hay una forma de delinquir fragmentada.

"No todos los ‘paras' se desmovilizaron, no todos los que se desmovilizaron eran paramilitares y buena parte de los nuevos grupos paras (Bacrim) son una prolongación del modelo de paramilitarismo de antaño en Colombia", puntualizó.

 

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