Comunicado: EXIGIMOS GARANTÍAS DE SEGURIDAD PARA SEMBRAR Y LOS ABOGADOS JORGE MOLANO Y GERMÁN ROMERO

Valencia (Estado español), 6 agosto de 2010

Las organizaciones que integramos la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia[1] queremos expresarle nuestra profunda preocupación por la situación de seguridad de los miembros de la organización no gubernamental colombiana Corporación Sembrar y de los abogados Jorge Molano y Germán Romero. Tanto el equipo de Sembrar como los abogados vienen sufriendo constantes amenazas, hostigamientos e intimidaciones por su legítimo trabajo en la defensa de los derechos humanos en Colombia. No obstante, a raíz de la sentencia contra el coronel Alfonso Plazas Vega, se ha incrementado el riesgo de que las citadas personas sufran algún tipo de agresión (...)

El pasado mes de junio, la jueza María Stella Jara, haciendo uso de la independencia que le confiere la Constitución de Colombia, condenó a 30 años de cárcel al coronel Plazas Vega por la desaparición de 11 personas en 1985 durante la toma del Palacio de Justicia. La jueza no condenó al estamento militar sino las graves violaciones a los derechos humanos derivadas de las órdenes del coronel, violaciones que también condenaría cualquier manual militar pues supusieron agredir a un grupo de civiles que, por el contrario, deberían haber sido protegidos por el Ejército. Sin embargo, altas autoridades del país consideraron la sentencia como un ataque frontal a las Fuerzas Armadas y calificaron de "terrorismo moral" la asistencia jurídica de Molano y Romero, quienes ejercieron la parte civil en el caso. Estas infundadas acusaciones propiciaron que sectores reaccionarios intentaran atentar contra la jueza María Stella Jara y la fiscal Ángela María Buitrago. Ahora, tememos que se pueda intentar lo mismo contra los dos abogados y los integrantes de Sembrar.

Hemos sabido que entre altos mandos militares se ha extendido la concepción errónea de que la condena en el caso del Palacio de Justicia es "un problema de honor" al que hay que dar respuesta. No entienden que la labor de los abogados no va contra la Fuerza Pública en general sino contra las personas que se excedieron en sus funciones. El propio Jorge Molano, quien está protegido por las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así lo expuso en su reciente visita a España en las distintas reuniones que tuvo con parlamentarios, integrantes de colegios oficiales de abogados, representantes de ONG, partidos políticos y otros representantes de la sociedad civil española.

Por todo ello consideramos que el Gobierno colombiano, en cumplimiento de las garantías que ofrece el Estado de Derecho y la normativa internacional a abogados y defensores de derechos humanos, debe:

  • Responsabilizarse de la seguridad personal de los integrantes de la Corporación Sembrar y de los abogados Jorge Molano y Germán Romero.
  • Investigar y desarticular cualquier plan que pudiera estar fraguándose para atentar contras las citadas personas.
  • Identificar, detener y llevar ante la justicia a los autores de los posibles planes.

 

Agradecemos toda la información que nos puedan proporcionar sobre las medidas que están adoptando para la consecución de estos objetivos con el fin de informar a las autoridades españolas en las interlocuciones que mantenemos como Plataforma.

Gracias por su atención

 

[1] La Plataforma está integrada por 50 organizaciones del Estado español agrupadas en las siguientes entidades: Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia, Coordinadora Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia, Justicia por Colombia, Colectiva Colombia, Mesa de Apoyo a la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en Colombia, Plataforma Andaluza de Solidaridad con Colombia, Red Canaria por los Derechos Humanos en Colombia y Soldepaz-Pachakuti.