"SIN JUSTICIA Y SIN PAZ. VERDAD FRAGMENTADA, REPARACIÓN AUSENTE"

INFORME BALANCE DE LA APLIACIÓN DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ ELABORADO POR EL MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE ESTADO - MOVICE
 
"Después de cuatro años desde que el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez expidió la Ley 975 de 2005, denominada de ‘Justicia y Paz’, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) presenta un balance de su aplicación en el marco del proceso de desmovilización paramilitar y de los esfuerzos oficiales por lograr su legalización y legitimación en la sociedad colombiana.
 
Según cifras oficiales, y como se observará con mayor detalle en la primera parte del presente texto, con los procesos de “reincorporación a la vida civil” se “desmovilizaron” en Colombia un número superior a los treinta y cinco mil paramilitares, responsables durante décadas de graves violaciones a los derechos humanos; de los cuales, a julio de 2009, 31.671 lo hicieron colectivamente y 3.682 de manera individual. Dentro de ese masivo grupo se encontraban importantes mandos medios y altos, a quienes se atribuían numerosos y atroces crímenes de lesa humanidad.
 

Desde el año 2002, época para la cual empezaron a realizarse esas desmovilizaciones, nunca se habló de cifras semejantes. El Ministerio de la Defensa, por ejemplo, informó en ese mismo año que el número de integrantes de las estructuras paramilitares ascendía “tan solo” a los 12.000 miembros, aproximadamente; cálculos que arrojan serias preguntas si hoy somos testigos de otras realidades.
 

Al respecto, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), explicó que las estructuras paramilitares beneficiarias de la desmovilización habían engañado a la sociedad colombiana, toda vez que un considerable número de personas relacionadas en las listas eran delincuentes comunes de las zonas de influencia paramilitar, que no integraban sus filas, o amigos a los cuales se les “recluto” días antes de las desmovilizaciones de los frente y/o bloques, se les entrenó, se les dotó de algún armamento viejo e inservible y se les ofreció un sueldo a cambio de aceptar ser miembros de la organización. Esta situación se presentó sin que los órganos judiciales, de control e inteligencia realizaran actividades serias de investigación tendientes a evitar tales hechos.
 

Además, merece ser citado, a manera de ejemplo, la situación del Bloque del Casanare, dirigido por Martín Llanos, cuyos integrantes no aceptaron el proceso de desmovilización y continúan delinquiendo en sus zonas de influencia. Colombia también ha sido espectadora y víctima de un proceso de rearme de aproximadamente 7.200 hombres, según investigaciones y confirmaciones logradas durante las versiones libres y demás diligencias de ‘Justicia y Paz’ de varios paramilitares, entre ellos Jorge Iván Laverde Zapata, alias “El Iguano”, ex jefe del Bloque Catatumbo, quien corroboró esta situación en su diligencia de aceptación de cargos parciales.
 

Lo anterior se traduce en la evidente continuidad y supervivencia de las estructuras paramilitares, que siguen operando y delinquiendo en las mismas zonas donde hacían presencia, con denominaciones nuevas como las de “Águilas Negras” u “Organizaciones de la Nueva Generación”, sin que a la fecha se tenga noticia de acciones efectivas por parte de la Fuerza Pública respecto de estos grupos de naturaleza paraestatal (...)"
Para descargar el informe completo pinche aquí 
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